La Convención Constitucional aprobó una declaración exigiendo “seis medidas para garantizar la democracia” al resto de los poderes del Estado, entre ellas “celeridad” en la tramitación del proyecto de indulto a los detenidos del estallido social o la desmilitarización del wallmapu.

Diversos personeros del oficialismo rechazaron la misiva de la instancia constituyente, especialmente el punto relacionado con la amnistía para los presos del 18-O. A dichos cuestionamientos se sumaron el ministro y el subsecretario del Interior, Rodrigo Delgado y Juan Francisco Galli.

Desde Puerto Montt, Delgado indicó que “en Chile no existen presos políticos y no existen por definición, la definición de preso político es que una persona está privada de libertad por su forma de pensar, por su ideología, por pertenecer a un partido político determinado, lo que tenemos son personas privadas de libertad que están siendo objeto de una investigación o personas que pueden estar condenadas por delitos”.

El titular de la cartera enfatizó en que los detenidos “pueden ser en el marco de un estallido social, de una protesta, es distinto a que sean presos políticos, en eso hemos sido claros no solamente el Gobierno, sino que distintas organizaciones nacionales e internacionales lo han planteado así”.

De esta forma, el secretario de Estado hizo un llamado a la Convención: “Así como exige autonomía y en buena hora que la Convención sea autónoma, también hay que dejarle autonomía al resto de los poderes del Estado”.

Por su parte Galli, quien ya se había pronunciado durante la noche del jueves por el indulto, ahora se refirió al punto de la Convención que exige la desmilitarización del wallmapu y la liberación de los presos políticos mapuche a contar de 2001.

“Las personas que están privadas de libertad en la Macrozona Sur lo están por resoluciones judiciales, ya sea en prisión preventiva o condenados”, indicó el subsecretario.

La autoridad estatal se preguntó: “¿Acaso vamos a declarar impunes a quiénes emboscaron en Cañete al fiscal Elgueta? ¿Vamos a declarar impunes a quienes asesinaron al matrimonio Luchsinger-Mackay? ¿Vamos a declarar impunes a Emilio Berkhoff que traficaba más de 800 kilos de droga? ¿Vamos a declarar impune a quienes atentaron en contra de comuneros mapuches en Contulmo, provocando su muerte? Finalmente, ¿Vamos a declarar impunes a quienes asesinaron al sargento Benavides, al cabo Nain o al subinspector Morales?”.

“Creo que esas señales son las equívocas, tenemos que separar muy claramente las legítimas demandas en la Macrozona Sur de la violencia que constituye delito, que deben ser perseguidos y juzgados”, cerró.