El fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, ordenó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) a indagar posible tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos en la adjudicación de $426 millones por parte de la Fundación Democracia Viva.

Según consigna El Mercurio, la ONG liderada por Daniel Andrade (RD), pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), está envuelta en la polémica tras la asignación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, liderada hasta hace poco por el también militante de Revolución Democrática (RD), Carlos Contreras.

Aguilar sostuvo que “lo que tiene que hacer la fiscalía es poder realizar todas las diligencias pertinentes para establecer si los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público resultan ser constitutivos de delitos, entre los cuales podría estar tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco”.

“Se han derivado diversos requerimientos de información tanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como a la Contraloría Regional de Antofagasta, así como a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, para que puedan poner a disposición de la fiscalía todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios entre dicha Seremi con la mencionada fundación”, añadió.

El persecutor abordó las dos querellas presentadas por el caso, de los diputados Cristián Araya y Juan Eduardo Irarrázaval (Partido Republicano) y la segunda desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), y explicó que “concretamente, no tenemos ninguna denuncia, ninguna querella relativa a estos hechos”.

Lo anterior, considerando que las acciones aún no han sido declaradas admisibles por los tribunales, por lo que “solamente se ha dispuesto una investigación de oficio, y eso es lo que tenemos por ahora”, indicó Aguilar.

En la misma línea, puntualizó que “materialmente, no tenemos los antecedentes del convenio, por lo tanto, necesitamos contar con esos antecedentes y esperamos que las autoridades los remitan a la brevedad posible”, y que ya se informó sobre la apertura de la investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “para que ellos adopten las medidas que consideren pertinentes dentro de sus competencias”.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló que “se han despachado oficios de fiscalización de parte del Departamento de Persona Jurídica de la cartera, tanto a la fundación, como a la Municipalidad de Ñuñoa, donde esta se constituyó, y el Registro Civil”.

Respecto de la información pedida a la fundación, sostuvo que abarca “el detalle de los antecedentes sobre la composición actual, sus socios, y además, de la actividad financiera. Ellos debieran haber estado acompañando al Ministerio de Justicia la memoria y sus balances el año 2022, y le están siendo requeridos por esta vía”.

El secretario de Estado aseguró que Democracia Viva tendrá que otorgar “un conjunto de antecedentes que están vinculados a las acciones que ejecutan, al cumplimiento de su objeto fundacional, a los tipos de contratos que tienen y a los flujos financieros que deben entregar anualmente, los del año 2022, que están vinculados, principalmente, y sus balances”.

Fue en febrero de 2022 cuando la Fundación Democracia Viva se constituyó legalmente, y en octubre del mismo año llegaron los primeros fondos por cerca de $200 millones. A fin de ese mes se sumarían otros $170 millones, para en noviembre cerrar con $56 millones más, según antecedentes de la Contraloría.

Sin embargo, estas transferencias no habrían alertado al ente fiscalizador, pues sólo les compete examinar las transferencias que superan las 5 mil UTM, algo así como $300 millones. Eso sí, la contralora regional de Antofagasta, Claudia Neira, despachó un oficio pidiendo a la Seremi de Vivienda el protocolo de transferencia de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, mismo que se adjudicó Democracia Viva.

En esa línea, se solicitaron también con un plazo de 5 días hábiles “detalles de todos los convenios de transferencias suscritos relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios para el periodo 2022-2023”, junto a los actos administrativos que los aprobaron, las fechas de los convenios, las fundaciones receptoras, los montos pactados, los montos ejecutados y la rendición de estos.