Un nuevo problema suma la Fundación Democracia Viva, ya que sólo $294 millones fueron encontrados en la cuenta corriente que fue retenida y tienen una diferencia de casi $100 millones menos de lo solicitado por el Ministerio de Vivienda, que pide la devolución de $391 millones a las arcas fiscales.

Según consiga el diario El Mercurio de Antofagasta, el hallazgo se dio a conocer por parte del receptor de la medida precautoria que pidió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del Caso Convenios, quien dio cuenta de los montos al tribunal civil de Antofagasta.

“Procedí a realizar la retención de bienes decretada en autos, sobre la cuenta corriente de propiedad de Fundación Democracia Viva, por la suma de $294.957.312, únicos dineros disponibles en la cuenta al momento de la diligencia. Mismos que deberán ser depositados en la cuenta corriente del Banco Estado, de propiedad del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta”, señaló el funcionario Manuel García.

El pasado 26 de julio, la fundación emitió una declaración donde afirmaba estar en un proceso administrativo de determinación del monto que debían devolver, donde apuntaron que los montos eran de $294.384.230, lo que correspondía al 92% de lo solicitado por el Minvu, una diferencia de $92.384.286 entre ambos cálculos.

Estas diferencias se producen en los tres convenios suscritos por Democracia Viva, los cuales presentan distintos grados de avance y cumplimiento, tanto técnico como financiero.

El primero de los convenios fue para habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe. De los $200 millones entregados, la seremi de Vivienda y Urbanismo aprobó la rendición de $23.518.168, correspondientes al 14,3% de los recursos asignados, donde se rechazaron las rendiciones de los primeros cuatro meses del año, que superan los $50 millones.

El segundo corresponde al campamento Irrarrázaval. De los $170 millones entregados, la seremi sólo reconoce el gasto de $2.287.625 (1,3% de los recursos) y rechazó casi $16 millones de pesos presentados para rendición durante el 2023.

Finalmente, aparece el caso del convenio por $56 millones para desarrollar diagnósticos socio-territoriales en distintos asentamientos de la comuna, el Minvu sólo reconoció el gasto de $3.425.698 (6.1%) y rechazó cerca de $14 millones.