La fiscalía de la ciudad japonesa de Nara acusó este viernes formalmente de asesinato al detenido Tetsuya Yamagami (42), debido al magnicidio del exprimer ministro Shinzo Abe y por violar la ley de control de armas de fuego, espadas y otros elementos similares.

Las autoridades japonesas presentaron los cargos luego de considerar que los resultados de la evaluación psicológica a la que fue sometido por un período de seis meses no mostraran ninguna condición mental que tuviera una incidencia significativa en su capacidad para juzgar el bien y el mal.

El artículo 39 del Código Penal japonés manifiesta que, si se determina que el autor de un crimen no estaba en plenas facultades mentales, puede recibir una condena reducida, mientras que si las acciones fueron producto de locura o enajenación “no están sujetas a castigo”, por lo que el examen psicológico es clave en el juicio.

El equipo de la fiscalía de Nara que trabaja el caso considera que Yamagami puede ser penalmente responsable, puesto que el arma y la pólvora usadas en el tiroteo fueron de fabricación propia, además de que estudió el programa de mítines del político.

Yamagami, exmilitar y residente de esa ciudad, fue detenido el 8 de julio de 2022, mismo día en el que disparó mortalmente a Abe con un arma casera similar a una escopeta, mientras el ex primer ministro participaba en un acto electoral.

Abe falleció horas después, a la edad de 67 años, debido a las múltiples hemorragias causadas por el impacto de varios proyectiles.

MOTIVOS DEL CRIMEN

La policía seguirá investigando para acusarlo también por violar la ley de fabricación de armas, según informan los medios locales, ya que los agentes confiscaron armas y munición casera en su residencia. El exmilitar habría cometido el crimen por resentimiento hacia la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, un controversial credo religioso conocido como la Iglesia de la Unificación o “Secta Moon”, con el que se cree Abe tenía vínculos.

El detenido habría contado a los investigadores que su madre, hace unos años, realizó generosas donaciones al grupo que la habrían llevado a la quiebra y desarmaron su familia.

El asesinato del exprimer ministro desencadenó una exhaustiva investigación sobre el credo religioso, sus finanzas y vínculos con la esfera política japonesa.