El diputado de La Araucanía, Andrés Jouannet (Ind.), pidió este lunes a la Contraloría General de la República que investigue la entrega de más de 442 millones a una fundación creada en febrero de este año, por parte de la Conadi y que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
El parlamentario entregó los antecedentes de los traspasos millonarios y los nexos de esta fundación en la oficina de partes, para posteriormente reunirse con el contralor Jorge Bermúdez.
Se trata de una consultora llamada Sociedad de Profesionales Chicahual, y que estaría compuesta por dos personas, habría recibido en los últimos cinco meses 442 millones de pesos en licitaciones. La empresa fue creada el primero de febrero del 2023 y su primera licitación por 80 millones de pesos fue otorgada el 28 del mismo mes.
Jouannet, indicó que “(Chicahual) ha ganado licitaciones pese a que se ha consignado que no cuenta con la experiencia anterior en contratos con el sector público. Ha ganado licitaciones para la masificación de la lengua kunza y quechua, a pesar de que el acta de evaluación en la oficina de Conadi, en Atacama, consigna que no cuenta con experiencia en lenguas indígenas”.
Sobre los dineros entregados a Chicahual, el diputado especificó que “los montos adjudicados en la oficina de Cañete son por 80 millones de peso; en Atacama 44 millones y 95 millones comprometidos en contratos; en Osorno otros 80 millones de pesos; otro en Atacama por 37 millones de pesos más 102 millones comprometidos en el contrato, y en la Seremi de Educación de Ñuble por 3,5 millones, en total 442 millones de pesos”.
Los proyectos adjudicados durante estos cinco meses han sido en cinco regiones y el capital inicial de la empresa -según datos entregados por Jouannet – fue de solo 500 mil pesos. Al respecto, el parlamentario agregó que “esto es llamativo y merece ser analizado con detención por los altos montos y por tratarse de una consultora que no cuenta con experiencia”.
Respecto a las acciones que se llevarán a cabo, el diputado por la Araucanía indicó que “Solicitamos que se evalúe el impacto social, académico y cultural de estos proyectos en la comunidades donde se ejecutan estos proyectos. Solicitamos (a Contraloría) que realice acciones de fiscalización y posterior determinación de las responsabilidades correspondientes”.
