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Diputados RN piden a la Contraloría investigar eventual ilegalidad de acto convocado por Hassler

Según los parlamentarios María Luisa Cordero, Miguel Becker y Bernardo Berger, la actividad “Diálogo ciudadano sobre proyecto de ley del nuevo Sistema de Pensiones” convocada por la jefa comunal estaría fuera de las potestades de un municipio.
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Los diputados María Luisa Cordero, Miguel Becker y Bernardo Berger, todos de Renovación Nacional, enviaron un oficio a la Contraloría General de la República para investigar una eventual “ilegalidad” de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por convocar a un acto de difusión de la Reforma de Pensiones.

Según los parlamentarios, la actividad “Diálogo ciudadano sobre proyecto de ley del nuevo Sistema de Pensiones” convocada por la jefa comunal estaría fuera de las potestades de un municipio.

El texto enviado a la Contraloría señala que “estos parlamentarios desean manifestar su inquietud en relación con la legalidad del gasto y a la eventual infracción del principio de probidad”.

Los legisladores aseguran que a un municipio no le corresponde llevar a cabo convocatorias para dar a conocer, en este caso, una reforma que aún está siendo discutida en su “primer trámite legislativo” en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Cordero indicó que “la alcaldesa no solo desatiende necesidades urgentes de una comuna que está atravesando la crisis de seguridad e insalubridad más grave de las últimas décadas, sino que dispone arbitraria y políticamente de instalaciones municipales para actividades en las que militantes de su partido entregan una visión parcial y sesgada de una reforma que genera grandes dudas y que no ha pasado ni siquiera el trámite de comisión”.

Los diputados afirman que la convocatoria fue sesgada, porque la alcaldesa Hassler citó, además de Vallejo y Jara, ambas de militancia comunista, a la jefa de la división de organizaciones sociales Javiera Hausdorf (PC). En la instancia participaron también las parlamentarias Alejandra Placencia (PC) y Emilia Schneider (oficialista), entregando una sola visión del cambio de sistema de pensiones que pretende llevar adelante el Gobierno de Gabriel Boric.

Becker sostuvo que Hassler “tiene problemas más importantes de los cuales ocuparse, y que son sustantivamente más relevantes para sus vecinos. Andar preocupada de facilitar el aparataje municipal para publicitar una reforma que ni siquiera ha sido votada en comisión, no solo es inaceptable, sino que colisiona contra la legalidad y la probidad que debe informar la función pública”.

Berger, a su vez, coincidió en que los municipios deben satisfacer necesidades sociales, “y no destinar esfuerzos y recursos para sostener al Gobierno. Acá hay faltas a la probidad producto de un uso irregular de personal, recursos y dependencias municipales, junto con una desconexión total de las demandas de los santiaguinos que, en muchos casos, están prefiriendo emigrar de la comuna producto de la suciedad y la delincuencia”.

El oficio señala que el acto llevado adelante por la jefa municipal podría verificar “un uso ilegal de recursos públicos destinado a favorecer la agenda legislativa del Gobierno”, lo que derivaría en una “infracción especial a la probidad administrativa”.

Finalmente, se pide a la CGR que solicite los antecedentes al municipio por el acto realizado, disponga “los procesos disciplinarios que con ocasión de lo resuelto pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.

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