Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric para plantear la imposibilidad jurídica de utilizar el “criterio Tohá” en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En la misiva, la bancada de diputados de RN, encabezada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, destacaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública, así como de la necesidad de respetar los derechos fundamentales.

Asimismo, indicaron que la formalización se trata de “un acto garantista que no debe ser utilizado como justificación para destituir a funcionarios públicos sin un proceso justo y racional”.

Además, recalcaron la “necesidad de aplicar un criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones”, y plantean que ciertos cargos, como el de Yáñez, requieren un proceso específico de destitución.

“En efecto, quien es objeto de una formalización permanece empapado de la presunción de inocencia, conforme a la cual se le debe considerar exento de responsabilidad hasta que una condena firme disponga lo contrario”, mencionaron en la carta.

Los parlamentarios argumentaron que la Constitución establece que “el Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al general director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período”.

“De ahí se desprenden dos particularidades de un cargo que, si bien demanda confianza por parte del Jefe de Estado, guarda ciertas particularidades que tienen por objeto comprender que las Fuerzas Armadas no son servicios públicos como otros, expuestos a los vaivenes y al devenir de la política. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile si bien no son organismos autónomos y responden con obediencia al poder civil, poseen particularidades y una importancia institucional que demanda que en su caso los jefes de servicio sean llamados a retiro previo informe a ambas cámaras del Congreso Nacional, pero más importante aún, mediante decreto supremo fundado que debe ir a control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República”, añadieron.

En esta línea, coincidieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el Presidente “en relación con este estándar en tanto -entendemos- busca resguardar el respeto al principio de probidad de la función pública”, pero comentan ciertas especificaciones para evitar un “ejercicio abusivo y ajeno al marco constitucional del mencionado criterio”.

“El criterio estándar debe ser aplicado a funcionarios de exclusiva confianza cuya permanencia en el cargo depende exclusivamente de la voluntad del Jefe de Estado”, acotaron.

De esta forma, la bancada manifestó que “parece inconveniente que sin un proceso racional y justo que derive en la destitución, se ponga fin a la carrera de funcionarios públicos que eventualmente pueden resultar exonerados de los cargos formulados o informados en el marco de la audiencia de formalización”.