El integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, junto con el diputado Hotuiti Teao, anunciaron el envío de un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar el inicio de una auditoría en el Hospital del Salvador, luego de revelarse que la madre de la actual ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue operada el mismo día en que ingresó de urgencia al recinto médico.
Lo anterior ha generado cuestionamientos debido al eventual trato preferente que habría recibido.
Los parlamentarios reaccionaron a la información dada a conocer la semana pasada, que hacía referencia a que la madre de la secretaria de Estado ingresó alrededor de las 11:00 del 23 de diciembre al hospital ubicado en Providencia, tras sufrir una fractura de cadera ocasionada por un accidente doméstico. Luego de ser hospitalizada, cerca de las 14:45 la dirección del centro asistencial instruyó -de acuerdo a los registros- enviar a la paciente “a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”.
La paciente fue operada cerca de las 21 horas, a pesar de que habría otros pacientes con similar diagnóstico que aún esperan por una intervención.
En ese sentido, si bien los diputados Lilayu y Teao coincidieron en que lo ideal es que una operación de este tipo se realice en el menor tiempo posible, tal como ocurrió, manifestaron su preocupación ante el eventual privilegio que habría recibido la madre de la ministra. Lo anterior, considerando los distintos antecedentes que surgieron desde el propio hospital, que hacen referencia a la instrucción que habría dado la administración para acelerar dicha intervención, en desmedro de otros pacientes.
Por lo mismo, los parlamentarios aseguraron que “lo más transparente es que la Contraloría pueda abrir u ordenar una auditoría“, señalando que “aquí no está en discusión la atención que recibió una persona en particular, sino que la necesidad de aclarar si se respetaron los protocolos y criterios de priorización vigente, o si más bien hubo un trato preferente dado al parentesco con una autoridad”.
“Que los tiempos de respuesta en salud sean los ideales no los convierte automáticamente en correctos. En un sistema con listas de espera tan interminables, que bajo este Gobierno no han hecho más que aumentar, no pueden existir atajos ni privilegios, menos aún por parte de familiares directos de autoridades. Porque cuando se alteran protocolos, se reordenan prioridades y se acelera una atención médica que para miles de chilenos puede tardar días, semanas o incluso meses, no sólo se envía una pésima señal a la ciudadanía, sino que además se termina perjudicando el tiempo de espera de otros pacientes, que también requieren de una atención oportuna. Por eso creemos que la manera más adecuada de despejar esta controversia es que la Contraloría pueda abrir una auditoría y esclarezca todas las dudas que hoy existen”, explicaron los integrantes de la Bancada UDI.
En caso de comprobarse que hubo un trato preferente, Lilayu y Teao advirtieron que “no sería la primera vez en que el Gobierno esté promoviendo saltarse la fila”, recordando la decisión de expropiar un terreno tomado en San Antonio, privilegiando a quienes permanecen en dicha situación irregular en vez de las familias que llevan años esperando una solución habitacional.
