Un grupo de familiares de las cinco víctimas que fallecieron en el incendio que afectó a la exfábrica de la empresa textil Kayser, hecho ocurrido el 20 de octubre de 2019 en el marco del estallido social, solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales que dicho lugar del siniestro sea declarado sitio de memoria.

Los familiares estuvieron acompañados de algunos parlamentarios, como la senadora Fabiola Campillai y la diputada Claudia Mix y entregaron un documento a dicho Consejo con la petición.

“El presente documento busca el reconocimiento como sitio de memoria al lugar que alberga los vestigios de la infraestructura de las exbodegas de la empresa Kayser ubicada en la calle Miraflores #8770 LT 4 B, comuna de Renca, Región Metropolitana, debido a los graves hechos ocurridos el día 20 de octubre de 2019, consistentes en el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en su interior, correspondientes a Yoshua Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas, durante el contexto del denominado ‘estallido social’”, señala el texto.

Señala que “esta solicitud considera los acuerdos internacionales suscritos por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y con el objetivo último de promover políticas de memoria acordes al derecho a la reparación a los familiares de las víctimas del incendio Kayser y las garantías de no repetición hacia la ciudadanía en su conjunto, mediante la consagración y protección de lugares donde ocurrieron vulneraciones a los derechos humanos, como patrimonios históricos de memoria”.

Manifiesta que “’la revuelta’ o ‘estallido social’ trajo consigo el levantamiento de un movimiento ciudadano masivo desencadenando protestas sociales que se desarrollaron a lo largo y ancho de todo el país. Protestas ocasionadas en un comienzo por el alza en la tarifa del transporte público y que, según diversos organismos nacionales e internacionales, así como a los resultados del plebiscito realizado en 2020, radicaban en un malestar estructural el cual se debía fundamentalmente a las profundas desigualdades socioeconómicas y la desconexión de las instituciones con la ciudadanía”.

“Lamentablemente, la respuesta gubernamental encabezada por el presidente de la República de ese entonces implicó el uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes de orden público (policías y fuerzas armadas), desencadenando hechos violentos y graves vulneraciones a los derechos humanos, donde la mayoría de estos casos aún se encuentran en manos de la justicia y sin un esclarecimiento hasta el día de hoy”, indica el documento.

El texto añade que “consideramos que, a la luz de estos hechos, el Estado a través de sus organismos, vulneraron de esta forma, en diversas medidas, el derecho de las familias a tener un juicio justo y el deber del estado de buscar a los responsables de tales delitos”.

“Que, en conformidad con los tratados internacionales en materia de DDHH suscritos y ratificados por Chile que obligan al estado al cumplimiento de la búsqueda imperecedera de verdad, justicia y , considerando la relevancia e integralidad que instala como estándar la no repetición”, agrega.

“Es por esto que consideramos oportuna la solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de un sitio el cual simboliza y concentra tanto las desigualdades sociales y territoriales que dejaron de tolerarse en octubre de 2019 y dieron paso al denominado “estallido social”, como al abandono y negligencia de parte del Estado -en acciones de toda índole- en relación al fallecimiento de cinco personas, cuatro ciudadanos chilenos y uno peruano, el día 20 de octubre de 2019”, subraya el texto entregado al Consejo de Monumentos Nacionales.