El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, aseguró que con el recorte presupuestario que propone el Gobierno no podrá seguir funcionando la unidad abocada a las materias fronterizas, la cual se mantenía gracias a un convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El fiscal, en entrevista con Radio Universo, sostuvo que si bien “el Ministerio Público no va a dejar de funcionar en la región”, planteó que “la Fiscalía de Frontera ya sería insostenible”.
Carrera indicó que el recorte presupuestario significaría “derechamente el cierre” de la unidad, aunque otra opción también implicaría acotar los turnos del personal, eliminando los turnos de noche. “Sería volver a horario de oficina”, comentó el persecutor.
Y agregó que “cuando se hizo la marcha blanca nos dimos cuenta de que era un absurdo tenerla abierta solo en horario de oficina. La Fiscalía de Frontera dejaría de funcionar en el horario donde se produce la mayor cantidad de procedimientos”.
El fiscal se refirió, además, a los eventuales despidos por el recorte presupuestario, detallando que “las cuatro fiscalías más afectadas son Arica (5 despidos), Tarapacá (7), Antofagasta (7) y La Araucanía (13). Cuando lo llevamos a números, tampoco estamos hablando de grandes sueldos”.
Consultado sobre si los candidatos presidenciales se han reunido con el Ministerio Público, Carrera afirmó que “estas han sido decisiones de Consejo y decisiones del fiscal nacional (Ángel Valencia): actuar con mucha prudencia para no dar señales equívocas, y nos hemos abstenido de cualquier tipo de reunión desde que han estado claros quiénes son los candidatos”.
El persecutor relató que la unidad partió gracias a un acuerdo con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y añadió que el Ministerio del Interior de la época (hoy esa tarea recae en el Ministerio de Seguridad Pública) firmó un convenio, en el que “se comprometía a facilitarnos estos cinco funcionarios”.
“No había un encuadre desde dónde salían esos dineros, simplemente el convenio y el acuerdo hoy con la subsecretaría de seguridad era facilitarnos estos cinco funcionarios para que cumplieran estas funciones”, contó el fiscal.
“Pero no había o no se mencionó desde dónde venían los fondos; por lo tanto, esto de que se cortan los temas BID, (…) a nosotros nos sorprende porque efectivamente el compromiso del ministerio era facilitarnos a esos cinco funcionarios independientes de dónde salieran los recursos. Se está incumpliendo (el compromiso)”, finalizó.
