El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió esta jornada a la dualidad de esfuerzos que está realizando el sistema judicial para aclarar lo ocurrido el sábado 27 de abril en la marcha de instrucción militar en la que falleció el conscripto Franco Vargas.

En entrevista con Radio Universo, Valencia explicó que “no pueden convivir” ambas justicias en una causa y que una de ellas debería quedarse con la investigación.

Actualmente coexisten la causa que encabeza el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeitidos tras una denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un delito de apremios ilegítimos, y la que lleva adelante desde este miércoles en la justicia militar la ministra en visita Jenny Book, presidenta de la Corte Marcial.

En ese escenario, el fiscal nacional dijo que no se puede “estar investigando por los mismos hechos, a la misma persona, ocurridos en la misma época, con la misma calificación ante la justicia civil y la justicia militar. Eso es incompatible. Se va a trabar la defensa en alguna parte, ya sea en uno o en otro. Van a alegar que uno de esos tribunales es incompetente. Y puede trabarse lo que nosotros llamamos una contienda de competencias”, argumentó.

Explicó, sin embargo, que lo que también podría ocurrir es que haya ciertos “asuntos” que sean de competencia civil y otros de competencia militar.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso del general (r) del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Anita María Pinochet Ribbeck, quienes son indagados por el delito de lavado de activos entre los años 2010 y 2016.

En este acaso ambas justicias operaron en sus competencias: una por gastos reservados y otra por lavado de activos. “En el caso de Putre, esta posibilidad teórica, no debería darse”, sostuvo.

Valencia explicó que el fiscal Anatole Larrabeiti se encuentra analizando los antecedentes para resolver si entrega la causa a la justicia militar o inicia la disputa por ella.

“El fiscal está pidiendo el informe sobre el punto jurídico para los efectos de decidir si disputa o no esa competencia, porque hoy día ya hay una investigación iniciada, ya hay una ministra en visita designada. Y hay una opinión de la Corte Suprema que uno puede advertir está de manera implícita en esa designación”, indicó.

“El fiscal tiene que decidir si abre o no esa diligencia y se disputa la competencia o envía los antecedentes a la justicia militar. El fiscal lo está analizando seriamente, lo está analizando jurídicamente y nosotros lo estamos apoyando. Y debería ser una decisión que va a tomar prontamente”, agregó.

Si decide iniciar una contienda de competencia, esto será resuelto por la Corte Suprema, la misma que designó a la ministra en visita para investigar los hechos bajo la tutela de la justicia militar.