Enrique Urrutia y María Pinto fueron formalizados por asociación ilícita y trata de personas en Castro, Región de Los Lagos, en el marco de una investigación relacionada con una presunta secta instalada en la Comunidad Cahuala, en Chonchi.
Tras la audiencia, el tribunal decretó para ambos imputados las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse o comunicarse con las presuntas víctimas. Además, se estableció un plazo inicial de cinco meses para el desarrollo de nuevas diligencias del Ministerio Público, recogió Radio Biobío.
La audiencia había sido reagendada en dos oportunidades y finalmente se concretó bajo reserva. Debido al secreto de la causa, los antecedentes conocidos sobre la investigación son limitados.
Investigación por hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2015
De acuerdo con los antecedentes que trascendieron, los delitos investigados habrían ocurrido entre 1999 y 2015 en el sector Cahuala de Chonchi, según confirmó el Poder Judicial.
La Fiscalía presentó los cargos contra Urrutia y Pinto por asociación ilícita y trata de personas. La investigación busca esclarecer los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades penales.
La causa se relaciona con denuncias contra la comunidad que apuntan a presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral y sexual. Sin embargo, los detalles específicos de los hechos imputados no se han hecho públicos debido a la reserva judicial.
Defensa sostiene que los hechos estarían prescritos
El abogado defensor de los imputados, Cristóbal Grunwald, cuestionó las denuncias y sostuvo que, a su juicio, los hechos investigados estarían prescritos.
El representante legal también planteó que existiría un interés económico detrás de las acciones emprendidas contra la comunidad.
“Hay un grupo de personas que hace bastante tiempo vienen realizando acciones en contra de la comunidad de Cahuaala y son personas que alguna vez han tenido algún tipo de contacto con la comunidad y que salieron hace mucho tiempo y que ahora, después de mucho tiempo, ven en la prosperidad de la comunidad una oportunidad de generar un ingreso, a mi modo de ver, indebido”, afirmó.
La defensa agregó que no cuenta con una teoría particular para su estrategia, aunque insistió en sus cuestionamientos sobre la antigüedad de los hechos denunciados.
La investigación continuará durante los próximos cinco meses, período en el que el Ministerio Público deberá realizar nuevas diligencias. Mientras tanto, ambos imputados deberán cumplir las medidas cautelares decretadas por el tribunal.
