Gobierno contrató a exministro Ossa para defender Escuelas Protegidas ante el TC

El Gobierno contrató al abogado y exministro Juan José Ossa para defender el proyecto Escuelas Protegidas en el Tribunal Constitucional. El TC declaró admisible el requerimiento de la oposición, en especial en lo relativo a la revisión de mochilas

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, confirmó en Radio ADN ese fichaje. Señaló que el Gobierno “irá a defender su posición ante el TC, como corresponde a nuestro Estado de Derecho. Estamos convencidos de que hemos estado de conformidad con las normas constitucionales”.

García Ruminot agregó que el proyecto “es una necesidad muy patente, por la violencia que se está viviendo al interior de muchos establecimientos educacionales. Lo que de verdad es algo muy doloroso”.

De acuerdo al secretario de Estado, “no puede haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales. Si no protegemos a nuestros estudiantes y si no protegemos a nuestros profesores, y asistentes de la educación”.

La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación, valoró, en declaraciones a La Tercera, que se haya acogido a trámite el requerimiento opositor.

“El Gobierno ha llamado a este proyecto Escuelas Protegidas, y de protección y de seguridad no tiene nada. Vulnera los derechos de niños y niñas, de estudiantes y también de las familias, por lo que vamos a seguir defendiendo sus derechos”, dijo.

Añadió que “durante la tramitación de este proyecto presentamos más de 70 propuestas para mejorarlo, y el Gobierno nos dio un portazo”.

“Quisieron legislar a tontas y a locas, por eso vemos que se vulnera la Constitución en nuestro país. Seguiremos insistiendo y esperamos que el TC acoja nuestros argumentos”, cerró.

Son cuatro las disposiciones objetadas por los legisladores opositores: la revisión de mochilas, la inspección por parte de las policías a vestimentas y pertenencias al interior de los establecimientos sin orden de un fiscal, la prohibición de usar vestimentas que hagan apología a la violencia o a conductas fuera de la ley, y la restricción al acceso a la gratuidad para personas condenadas por delitos.