El gobierno japonés anunció que el vertido del agua contaminada y tratada que se acumula en la central nuclear de Fukushima será llevado a cabo entre la próxima primavera y el verano, pese a la oposición de los pescadores locales.

El ejecutivo aprobó este viernes un plan revisado para llevar a cabo el vertimiento, el cual incluye compensaciones para la industria pesquera que podría verse afectada debido a la medida. Frente a esta, países vecinos como Corea del Sur y China han demostrado su molestia.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), está supervisando el plan japonés y la próxima semana enviará una misión al país -la cuarta de este tipo- para analizar los preparativos sobre el terreno.

El portavoz del gobierno, Hirokazu Matsuno, señaló que “antes de proceder al vertido, vamos a esperar a que el OIEA emita su informe general, fortalecer las funciones de supervisión, adoptar medidas para apoyar la vente de productos de la zona afectada y trabajar contra la difusión de rumores negativos”.

Se estima que la descarga de agua contaminada tenga lugar “una vez acaben las obras para el vertido” y “la investigación del regulador nuclear nipón, además del informe de la OIEA”, añadió el portavoz, quien cree que la fecha concreta se situará entre primavera y verano del presente año. Las autoridades y la operadora de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), habían previsto, en una etapa inicial, que el vertido se llevara a cabo en abril, pero la fecha se vio pospuesta debido al retraso en las obras de construcción de un túnel submarino que se empleará para la descarga del agua de la planta.

El agua, que está contaminada con residuos radiactivos tras ser usada para refrigerar los reactores o filtrarse dentro de las instalaciones nucleares, fue tratada con un sistema de procesamiento que elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos, a excepción del tritio, un isótopo presente en la naturaleza, pero en baja concentración.

Las autoridades niponas afirman que el vertido de agua tendrá niveles de radioactividad por debajo del tope fijado por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable, por lo que no presentará riesgos para la salud humana ni el medio ambiente.

Pese a ello, el plan se enfrenta a la oposición de las organizaciones pesqueras locales, cuyas actividades se han recuperado apenas de la catástrofe nuclear de 2021, quienes temen que el estigma que afecta al pescado y marisco de la zona empeore. “Nos gustaría explicar en profundidad las medidas a la comunidad pesquera y otros actores implicados mientras escuchamos sus preocupaciones”, señaló Matsuno.

Por su parte, el presidente de TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, comentó: “Creo que la situación no está bien comprendida por la población local, por tanto, queremos explicarles bien teniendo en cuenta sus temores y preocupaciones para poder lograr el entendimiento del mayor número de gente posible”.

El plan incorpora una ayuda de 50.000 millones de yenes (357 millones de euros) en ayudas para la industria pesquera para compensar los “daños en su reputación” derivados del vertido.