El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó aceptar el requerimiento del Ministerio Público y ordenó el levantamiento de secreto bancario de Marcelo Riffo Sáez, uno de los principales contribuyentes de la campaña a gobernadora de Karina Oliva (exComunes).
Esta solicitud fue remitida al tribunal por parte del persecutor de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Milibor Bugueño González, a través de un documento de 53 páginas.
El pasado 18 de noviembre, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó una investigación de oficio contra la, en ese entonces, candidata a senadora, por un presunto fraude de subvenciones en su declaración de gastos de campaña a gobernadora al Servicio Electoral (Servel).
Esto surgió luego de que el medio Ciper Chile denunciara a través de un reportaje publicado el día anterior, que siete militantes emitieron boletas por un total de $137 millones por conceptos de asesorías.
En esta última diligencia se consignó que la petición del fiscal Bugueño tenía relación con solicitar que Coopeuch, Banco Santander, Banco Falabella, Banco Ripley y Banco del Estado de Chile, informen “sobre todos los depósitos, captaciones u operaciones que hubiera realizado la persona individualizada, en las cuentas que actualmente estén abiertas y las que se hayan cerrado”, entre el 1 de enero hasta la fecha.
De acuerdo a Radio Biobío, el persecutor argumentó que Riffo emitió 14 boletas de honorarios entre enero y junio del 2021, siendo tres de ellas destinadas al Partido Comunista, y dos a la aspirante a gobernadora. El reembolso respecto de estas dos últimas fue efectivamente solicitado al Servicio Electoral.
La primera de ellas es la enumerada como 43, fue emitida el día 13 de mayo por más de 45 millones de pesos. Al momento de justificar los servicios, se lee “Gestión Territorial Distribución Volantes Campaña de Gobernadora Regional Karina Oliva (por pagar)”.
La segunda, la número 47, se emitió por un valor cercano a los 25 millones de pesos, por los siguientes dos servicios: “Logística de Instalación de palomas y letreros en espacios privados y públicos”, y “Gestión y organización cierre de campaña Karina Oliva primera vuelta”.
“Siendo estrictamente necesario para el éxito de la investigación contar con datos concretos de prueba que puedan estar alojados en cuentas bancarias relacionadas, y conforme lo norma la Ley general de Bancos, se autoriza al Ministerio Público para requerir a los bancos e instituciones (…) la información sobre los movimientos de dineros y productos bancarios que tuviere registrado a su nombre”, dice el escrito enviado a las entidades bancarias por parte del magistrado Daniel Urrutia Labreaux.
Por su parte, el fiscal Bugueño explicó a Radio Biobío que “fue un proveedor real que cumplió con el servicio contratado, según consta en la rendición y sus valores están absolutamente dentro del precio de mercado y lo pactado con él”.
“Es una oportunidad de confirmar lo que el Servel ya dijo en su aprobación parcial de la rendición de la candidata: No hay reembolso alguno pedido ni obtenido por Karina Oliva por un supuesto desayuno de $50 millones. Eso es una falsedad que se instaló para provocar un daño a su elección, con escándalo. Era una proforma que dependía de que se prestara el servicio”, sentenció.