Consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad es el objetivo de la enmienda presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) al anteproyecto de texto constitucional. La propuesta plantea, específicamente, reemplazar la letra f del inciso 22 del artículo 16, que habla sobre el derecho a la educación. De esta forma, las Universidades Estatales buscan incluir en el texto propuesto por la Comisión Experta una norma más extendida sobre la educación pública y su incidencia en la vida de las personas.

La propuesta ha tenido una positiva respuesta de la ciudadanía, llegando a superar los 5 mil apoyos en lo que va del acotado tiempo otorgado a la recolección de firmas para las iniciativas populares: dos semanas que terminan en la medianoche de este viernes 7 de julio. Para que las propuestas sean discutidas por el Consejo Constitucional, es necesario que reciban al menos 10 mil apoyos en cuatro regiones diferentes, por lo que las Universidades Estatales deben duplicar su respaldo antes del plazo final. 

El presidente del Cuech, Osvaldo Corrales, señaló que “la propuesta que hemos hecho es coherente con una demanda que la ciudadanía ha venido sosteniendo hace bastantes años, incluso antes del estallido social, y que tiene que ver precisamente con un derecho humano y un derecho social que es el derecho a la educación”. Corrales agregó que este es un derecho “que no puede ser sólo provisto a través de mecanismos de mercado o de educación privada, sino que hay un deber fundamental que el Estado tiene que ser capaz de cumplir”.

La enmienda amplía los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”, a partir de una mirada a la historia constitucional del país, que desde sus albores estableció que la educación pública es una atención preferente del Estado y, como tal, “es fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza, lo que en ningún caso se contrapone con el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos”, argumenta la propuesta.

En este sentido, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que “la Universidad de Chile, en conjunto con las otras Universidades Estatales, tienen la responsabilidad de contribuir para incidir en la discusión constitucional, de la misma forma en que lo hicieron en el proceso anterior. La responsabilidad del Estado con la educación debe expresarse en su compromiso con la educación pública de calidad en todos los niveles. La educación superior pública es fundamental como motor del desarrollo a lo largo de todo el territorio”.

Por esta razón, las Universidades del Estado hicieron un llamado a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a respaldar esta Iniciativa Popular de Norma votando a través de la plataforma implementada por Ucampus para la Secretaría de Participación Ciudadana.