El ministro de Justicia, Hernán Larraín, defendió ante la Comisión de Constitución del Senado la nominación del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, para ocupar el cargo que dejó vacante Lamberto Cisternas en la Corte Suprema, luego de jubilar en marzo de este año.

En la cita, el secretario de Estado destacó la trayectoria de Carroza y su “rigor intelectual, el equilibrio” y el apego a las normales nacionales y de derechos humanos.

“Algunos querrán ver en esta propuesta una decisión polémica y es por esta razón que la Constitución entrega esta potestad al Senado para que pondere. La integridad que ha exhibido el ministro Mario Carroza en su trayectoria judicial, su compromiso con la justicia y con la debida aplicación de la ley, la ecuanimidad manifestada en sus fallos, el apego a la doctrina nacional e internacional de los derechos humanos, entre otros factores, lo hacen acreedor a juicio de la Corte Suprema y también del Presidente de la República para formar parte de nuestro más importante tribunal”, aseguró Larraín.

“Si consideramos que la idea de un tribunal de ejecución de penas es un clamor muy oído en la justicia penal en general, la Corte Suprema ideó este sistema radicando en el ministro Carroza su gestión y responsabilidad, sin que de su desempeño podamos apreciar arbitrariedad o algún ánimo denigratorio respecto de las personas que resultaron condenadas”, añadió.

En su trayectoria, al magistrado Carroza le ha tocado llevar diversas causas de derechos humanos y también la investigación del asesinato del senador Jaime Guzmán. Es profesor de Filosofía y abogado de la Universidad de Chile, ingresando al Poder Judicial el año 1977, y desde entonces, ha ejercido diversos cargos, donde destacan su labor de juez del segundo Juzgado de Letras de Puente Alto en 1984.

Carroza está citado este miércoles para responder las inquietudes de la comisión respecto a su candidatura, mientras que la Cámara Alta tiene plazo hasta el 3 de enero de 2021 para definir su postura ante la propuesta del Ejecutivo. Para ello, el magistrado deberá tener, al menos, el apoyo de 2/3 de los senadores para poder llegar al máximo tribunal.