La titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, señaló este jueves que la delincuencia “es el primer tema de preocupación en orden de gravedad” para el Gobierno y anunció que le pondrán “máxima urgencia” a la agenda de seguridad en el Congreso Nacional.

Esto, luego del resultado que arrojó el último índice de medición de la Fundación Paz Ciudadana sobre la situación delictual que aqueja al país, que es la más alta percepción de temor ante la delincuencia en los últimos 22 años.

Asimismo, el Índice arrojó que la cantidad de delitos es la más baja en 15 años.

“Muchas iniciativas que vienen del Gobierno anterior e incluso de antes las estamos tomando y les estamos ingresando indicaciones para que retomen su camino y prontamente vean la luz”, comentó la secretaria de Estado en entrevista con Radio Cooperativa.

Sobre la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, Uriarte afirmó que “al Ejecutivo lo que le importa es tener una gobernabilidad tranquila y clara en la Cámara de Diputados y estamos empeñados, desde un punto de vista político, en consolidar y fortalecer el diálogo democrático y el encuentro cívico”.

Al respecto, afirmó que sería “lamentable” que se incumpliera el acuerdo administrativo realizado en marzo por todas las fuerzas parlamentarias, exceptuando Chile Vamos y el Partido Republicano.

Sobre las querellas en contra de Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), declaró que “yo conozco hace muchísimos años a Sergio Micco. Me parece impropio, impertinente, etcétera, que se le considere encubridor de violaciones a derechos humanos. Me parece un despropósito completo, total”.

Este miércoles la Cámara aprobó el proyecto de resolución presentado por la UDI en defensa de Micco.

La iniciativa busca “respaldar con la mayor convicción” a Sergio Micco. Además, el documento responsabiliza al Partido Comunista y el Frente Amplio, luego que el exdirector del INDH asegurara que recibió presiones políticas e ideológicas que sufrió por parte de diputados y exconstituyentes del Partido Comunista y del Frente Amplio, para que el organismo declarara que existían violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el país.