En el marco que se reveló el caso Democracia Viva, fundación ligada a Revolución Democrática y a la diputada Catalina Pérez, el Ministerio de Justicia activó una serie de revisiones a fin de establecer si la entidad estaba o no cumpliendo con el “objeto social” para el cual se creó y fijó en sus propios estatutos.

Según publicó La Tercera, la cartera encabezada por el ministro Luis Cordero encomendó a tres profesionales de la Unidad de Fiscalización del Departamento de Personas Jurídicas para que realicen las pesquisas necesarias.

Por ello, dos abogados y un contador comenzaron a levantar los antecedentes y ya despacharon tres providencias. Pidieron antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación y al secretario municipal de la Municipalidad de Ñuñoa con miras a obtener detalles respecto de los estatutos de la Fundación.

En esta municipalidad -liderada por la alcaldesa Emilia Ríos, militante de RD- el 25 de febrero del 2022, Democracia Viva obtuvo su personalidad jurídica, lo que le permitió inscribirse legalmente como una ONG.

La respuesta desde Ñuñoa llegó a Justicia el miércoles 28 de junio, y ahí el secretario municipal, Guillermo Reeves remitió “todos los antecedentes relacionados con la constitución de la Fundación Democracia Viva en la comuna de Nuñoa, junto a los estatutos de la misma y posteriores presentaciones relacionadas con una modificación estatutaria que no prosperó”, como se lee en el documento.

Asimismo, como detallaron desde la repartición de gobierno, se solicitaron antecedentes a la propia entidad liderada por la expareja de la diputada Pérez, Daniel Andrade, requiriendo antecedentes en relación a su funcionamiento y al cumplimiento de su objeto social.

Si bien el municipio de Ñuñoa ya hizo llegar la documentación requerida, las otras dos instancias oficiadas deberán responder a más tardar el 4 de julio. Es decir, en cuatro días más.

Como detallaron desde el Ministerio, les corresponde a ellos hacer estas revisiones pues es la cartera la que tiene entre sus facultades la fiscalización de las personas sin fines de lucro creadas al alero de la normativa del título I libro XXXIII del Código Civil y de aquellas creadas por normas especiales y que la ley asimila a éstas.

Y en el caso específico de Democracia Viva, como puntualizaron, “el procedimiento se enfoca a verificar el adecuado cumplimiento del objeto social de la Fundación, como lo es el cumplimiento de sus estándares, con énfasis en diversos aspectos patrimoniales y financieros que dicen relación con el objeto de la entidad”.

Hasta ahora, como indicaron desde Justicia, la única fundación que están en proceso de revisión es Democracia Viva. Por lo mismo, de acuerdo con lo precisado por Cordero hace algunos días, no se podría vincular a todas con irregularidades.

“Creo que lo conveniente es también tener en consideración que no toda transferencia ni toda fundación es objeto de sospecha, sino que muchas de ellas cumplen un rol muy determinante para el funcionamiento del Estado y el rol activo de la sociedad civil”, comentó.

Eso sí, como complementó el secretario de Estado, sí están analizando desde hace algún tiempo posibles mejoras a los Convenios de Transferencia de Recursos, pues su regulación data desde hace años.

“Hay una serie de observaciones del punto de vista administrativo que el ministerio ya había detectado y que, por lo tanto, se van a transformar en reforma de protocolos para las transferencias de este tipo de recursos”, detalló el secretario de Estado.