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Según consignó T13, en el escrito la defensa de Monsalve no discute los argumentos de fondo que tuvo el juez el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para decretar la medida cautelar de prisión preventiva para la exautoridad, sino que apunta directamente a la seguridad individual del exsubsecretario, por eventuales ataques que podría sufrir en el centro penitenciario.

Según consigna Emol, Gendarmería informó que “la actividad que realizaba la interna se enmarca en los talleres que constantemente se realizan tanto en el CPF San Miguel, como en otras unidades penales de la región y el país”. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que no hay inhibidores de señal en la cárcel de San Miguel, debido a que es una tecnología carísima que no se justifica ese penal.

El Mandatario escribió en su cuenta de X: “Defensora de los derechos humanos en los tiempos oscuros, abogada de quienes más lo necesitan, tuvo la generosidad de compartirnos su experiencia y sabiduría con una intensidad que siempre se rebeló a los años que iban pasando cada vez más rápido”.

El capitán Ernesto Bascuñán informó que el automóvil fue recuperado más tarde y se busca al agresor, quien podría haber resultado herido y estar buscando atención médica. Hasta ahora, no se ha encontrado al sospechoso.

Según consignó El Mercurio, el subsecretario del Interior prestó declaración el 29 de octubre sobre la causa y señaló respecto de la arista de gastos reservados que “ayer mismo se abrió la caja fuerte que existe en la oficina del subsecretario de Interior”, puntualizando que “se encontró en la caja fuerte una suma un poco superior a un millón de dinero en efectivo (…)”. En entrevista con Radio Infinita, expresó que “la rendición de esa cuenta tiene que hacerse ahora y le corresponderá de hecho al exsubsecretario hacerlo”.

El hecho ocurrió pasadas las 19:00 horas de este jueves, luego de una alerta recibida por la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), indicando que un hombre había agredido físicamente a su cónyuge e hijastra.

La persecutora Constanza Encina, en entrevista con 24 Horas, expresó que “en caso de que los hallazgos que encontremos en la evidencia que fuimos a incautar al Congreso, y los análisis que se están haciendo, den cuenta de que nuestra teoría, es decir, que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, en ese caso nosotros sí vamos a solicitar el solicitar el desafuero para posteriormente formalizar la investigación”.

La agresión ocurrió en la población Santa Julia, donde un grupo de personas atacó violentamente al sospechoso y lo dejó abandonado en la vía pública. Luego, fue trasladado al Hospital Luis Tisné, de Peñalolén, mientras que la fiscalía dejó el caso a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

A finales de mayo la propia parlamentaria (Indep-FA), quien fue una reconocida abogada de DDHH, informó su diagnóstico señalando que iniciaría un tratamiento de quimioterapia.

El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien explicó que el acuerdo incluye a las tres principales asociaciones de planta, Anfup, Ansog y Agech.