“Notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto casi imposible“, dice el alcalde de Colchane, Javier García.
Es que las notificaciones presenciales, proceso administrativo contemplado en la nueva Ley de Migración y Extranjería para quienes ingresaron irregularmente al país, traban expulsiones de extranjeros del país:
De acuerdo a la normativa, las dos notificaciones presenciales al implicado, antes de que la Policía de Investigaciones (PDI) concrete la expulsión, es un requisito rige desde febrero pasado, cuando entró en vigencia la ley n° 21.325.
La ley indica que “se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero“.
El Servicio Nacional de Migraciones informó que desde el 2 de abril ha iniciado 1.231 procesos de expulsión administrativa, sin embargo, la PDI dice haber llevado a cabo solo 17, ya que los migrantes suelen cambiarse de domicilio. Mientras que el 2021 se realizaron 252 expulsiones administrativas y las judiciales -que establecen como sustitución de penas privativas de libertad de migrantes irregulares con sentencias menores a cinco años- subieron de 397 en 2021, a 877 este año, informó El Mercurio.
El alcalde García, fustigó en dicho medio que “notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto casi imposible. Mucho viven en tomas en la comuna de Alto Hospicio, donde es imposible que se pueda hacer una verdadera notificación como lo regula una ley que no se ajusta a la realidad“.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, reconoce que el procedimiento de expulsión es “engorroso, nuevo” y que antes era “mucho más expedito“.