La medida de reconducción de migrantes que ingresan ilegalmente por la frontera del norte de Chile, que comenzó a regir desde el pasado fin de semana, ha recibido críticas por parte de organizaciones relacionadas con la migración.

Pese al estado de excepción que se decretó en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, de igual manera siguen entrando a Chile ciudadanos extranjeros por pasos no habilitados.

Es por eso que Macarena Rodríguez, directora ejecutiva del Servicio Jesuita Migrante y académica de la Universidad Alberto Hurtado, manifestó a la agencia EFE que “la misma norma establece ciertos derechos de las personas que son reconducidas y casos en que no se debe reconducir. Es precisamente esa parte la que genera mayor preocupación y donde se engloba el mayor riesgo de esta medida”.

Afirmó que “hay que crear mecanismos para que sepamos que a esas personas se le respetaron los derechos que la ley señala, a ser oído, a contar con un intérprete si es que no habla el idioma, a poder hablar con sus familiares que vivan en el país y asimismo a no ser reconducido cuando existen indicios de delitos como tráfico, trata u otros, o pudiese ser solicitante de refugio”.

A su vez, la coordinadora del Equipo de Migración y Refugio de Amnistía Internacional, Florencia Moral, y la asesora jurídica del organismo en Chile, María Belén Bravo, sostuvo que “el mecanismo de la reconducción puede traer consigo la exposición de personas en condición de refugiadas a ser devueltas a sus países de origen, contraviniendo el principio de no devolución, además de no brindar la protección debida que exige el Derecho Internacional”.

Agregó que esta medida “expone a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o tráfico de personas por parte de los denominados ‘coyotes’, y otra clase de abusos, especialmente en el caso de las mujeres, comúnmente víctimas de agresiones sexuales en contextos de desplazamiento, y los niños, niñas y adolescentes”.