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“Estado en quiebra”: Contraloría instruye a Segegob iniciar sumario

El organismo ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas. Y se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.

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Tras denuncias recibidas por una serie de publicaciones en las redes sociales de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), refiriéndose a la existencia de un supuesto “Estado en quiebra”, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó este miércoles al ministerio -que encabeza Mara Sedini-realizar un sumario. Y tomar medidas para evitar “comunicaciones imprecisas”.

En su análisis jurídico, la CGR indica que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales. Y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios.

En ese sentido, menciona “lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la Ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas. O acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas”.

Contraloría señala que el servicio no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos”

Respecto del lenguaje utilizado en los mensajes, la Contraloría señala que el servicio no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

Además, el oficio también plantea que el ministerio reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos. Lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado.

Se instruyó iniciar un proceso disciplinario

Ante ello, se ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas. Y se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. De lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.

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