En Chile “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. Esa fue una de las conclusiones realizadas por la misión que envió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Chile para analizar las denuncias sobre la materia en nuestro país tras el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre.
De acuerdo al informe entregado este viernes, “hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.
El documento destaca “el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
El informe afirma que “las manifestaciones que han tenido lugar en Chile desde mediados de octubre tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica. Desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones”.
Añadió que “hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia. El uso indebido e indiscriminado de armas menos letales se observó tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros”.
“El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, aseguró el informe.
Dentro de las conclusiones también manifiesta que preocupa que los “casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.
El informe aseveró que la misión documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”. Además, “la información recopilada indica que hubo numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales (…) Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos 32 casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”.
“Adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados. Estudiantes, incluyendo líderes estudiantiles, han sido hostigados o atacados debido a su papel en las protestas (…) Muchas personas se han visto profundamente afectadas por los acontecimientos ocurridos durante este período, en particular en términos de su salud mental. Niñas, niños, adolescentes y ancianos se han visto particularmente afectados”, agregó.
La oficina de la alta comisionada subrayó que “las instituciones autónomas de derechos humanos, en particular el INDH y la Defensoría de la Niñez han llevado a cabo de manera efectiva y oportuna su labor de protección a los derechos humanos. Sin embargo, las personas defensoras de los derechos humanos, incluido el personal del INDH, periodistas y las y los trabajadores de la salud han sufrido restricciones a su trabajo, así como represalias por el desempeño de sus funciones”.
Al organismo le preocupa “el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
“Distintas instituciones han adoptado medidas para garantizar la investigación de violaciones a los derechos humanos, para asegurar el acceso a abogados de los detenidos, el acceso a servicios para víctimas y para proporcionar información completa, regular y accesible al público. Los tribunales han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica”, manifestó.
La alta comisionada dela ONU para los Derechos Humanos “reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.
Informe de la misión de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
De acuerdo al informe entregado este viernes, “hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.
El documento destaca “el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
El informe afirma que “las manifestaciones que han tenido lugar en Chile desde mediados de octubre tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica. Desde mediados de octubre, la mayoría de quienes han ejercido el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones”.
PERDIGONES CON PLOMO
Respecto a la actuación de agentes policiales destacó que “la gestión de asambleas por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva. Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”.Añadió que “hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia. El uso indebido e indiscriminado de armas menos letales se observó tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros”.
“El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, aseguró el informe.
Dentro de las conclusiones también manifiesta que preocupa que los “casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.
El informe aseveró que la misión documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”. Además, “la información recopilada indica que hubo numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales (…) Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos 32 casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”.
ABUSOS CONTRA MENORES
La misión sostuvo, además, que “las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones. También se han documentado casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes”.“Adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados. Estudiantes, incluyendo líderes estudiantiles, han sido hostigados o atacados debido a su papel en las protestas (…) Muchas personas se han visto profundamente afectadas por los acontecimientos ocurridos durante este período, en particular en términos de su salud mental. Niñas, niños, adolescentes y ancianos se han visto particularmente afectados”, agregó.
La oficina de la alta comisionada subrayó que “las instituciones autónomas de derechos humanos, en particular el INDH y la Defensoría de la Niñez han llevado a cabo de manera efectiva y oportuna su labor de protección a los derechos humanos. Sin embargo, las personas defensoras de los derechos humanos, incluido el personal del INDH, periodistas y las y los trabajadores de la salud han sufrido restricciones a su trabajo, así como represalias por el desempeño de sus funciones”.
Al organismo le preocupa “el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
“Distintas instituciones han adoptado medidas para garantizar la investigación de violaciones a los derechos humanos, para asegurar el acceso a abogados de los detenidos, el acceso a servicios para víctimas y para proporcionar información completa, regular y accesible al público. Los tribunales han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica”, manifestó.
La alta comisionada dela ONU para los Derechos Humanos “reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.
Informe de la misión de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
