Parlamentarios del Partido Comunista valoraron la renuncia del asesor para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández, tras las críticas del PC y organizaciones de Derechos Humanos por su presunta relativización del Golpe.

La Dirección de Comunicaciones y Prensa de La Moneda informó este miércoles que el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Fernández.

“El Mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración, el que se resume en las palabras democracia, memoria y futuro”, indicó el comunicado.

Tras la salida del asesor para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, la diputada Carmen Hertz sostuvo que “la coordinación de la conmemoración de los 50 años resultaba absolutamente inviable para las agrupaciones de las víctimas de todo el país si se mantenía Patricio Fernández”.

Añadió que “entendemos que esta renuncia significa haber oído a quienes hemos sido los protagonistas esenciales del drama y la tragedia que vivió este país desde el Golpe de Estado en adelante”.

“Quien esté a cargo de la coordinación (…) debe condenar absolutamente el Golpe de Estado, calificarlo como crimen es el mínimo civilizatorio que nos tiene que agrupar como sociedad”, agregó.

Asimismo, señaló que “quien coordine tiene que ser alguien que tenga una trayectoria ligada a la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, a la lucha contra la impunidad, eso tiene que ser un requisito de quien coordine las actividades de los 50 años y que no tenga ni un grado de negacionismo posmoderno que permea a muchos sectores de nuestra sociedad”.

Lorena Pizarro indicó que “quien relativiza un Golpe de Estado y las violaciones de los derechos humanos, relativiza todo lo que significa la tortura, el crimen y el exterminio que vivimos”.

“La conmemoración tiene que incorporar desde el Estado la obligación de robustecer la defensa y promoción de los derechos humanos y la garantía de no repetición”, añadió.