Según indagó por oficio el diputado Andrés Celis, la autoridad habría adquirido los préstamos con distintas entidades bancarias en menos de un año, y que con ese monto compró 27 departamentos cuando ejerció un cargo en Fiscalía Nacional Económica o en el Ministerio de Transportes.
Una fiscalización del patrimonio del superintendente de Servicios Sanitarios (SSS), Ronaldo Bruna, antes de que llegara a este cargo, solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero e diputado Andrés Celis. El parlamentario fundamentó su pedido en una indagatoria que realizó por oficio y en la que –dijo- corroboró que en menos de un año la autoridad adquirió 27 departamentos mediante créditos hipotecarios simultáneos, con entidades bancarias distintas, alcanzando un patrimonio de más de $884 millones. “Es muy extraño y dudoso que los bancos hayan entregado los préstamos, considerando que todos fueron solicitados casi al mismo tiempo. Estos créditos simultáneos, con tanto dinero de por medio, claramente afecta el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero”, indicó. Añadió que le molesta el hecho considerando que la mayoría de los chilenos no tienen acceso a beneficios como el que obtuvo Bruna, “por el contrario, pasan por miles de trámites y cuestionamientos antes de que se les otorgue un sólo crédito”. Recalcó que “según se me manifestó en el oficio, la Superintendencia estará disponible para las solicitudes de información que puedan llegar del Ministerio Público, ya que debo recordar que al mismo tiempo que oficié a la CMF, derivé los antecedentes al Fiscal Nacional a fin de que investiguen eventuales delitos que pudieran haberse cometido, especialmente si es que el superintendente Bruna usó información privilegiada para obtener los créditos”. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), en tanto, ordenó a todos los bancos remitir sus políticas y procedimientos existentes para evitar riesgos crediticios por el otorgamiento simultáneo de estos a un mismo cliente, según informó el diputado Andrés Celis como producto de un oficio de su parte. “Valoro la solicitud que hizo la superintendencia porque esto significa que las cosas no andan al lote y todos, sin distinción, deben ser fiscalizados y regirse por la normativa. No podemos olvidar que las compras ocurrieron cuando Bruna tenía un cargo de poder o de autoridad ya sea en la Fiscalía Nacional Económica o en el Ministerio de Transporte”, concluyó.
