La iniciativa de diputados de oposición busca eliminar cualquier vestigio que pueda realzar la figura del fallecido director de la DINA, al que la justicia le aplicó penas que sumaban más de 500 años de cárcel como autor de crímenes de lesa humanidad.
La Cámara de Diputados aprobó una moción para solicitar al Presidente Sebastián Piñera que instruya al ministerio de Defensa remover los homenajes que se hayan realizado al ex director de la DINA, Manuel Contreras, en la Academia de Guerra del Ejército y en la Escuela de Ingenieros Militares. El texto aprobado recuerda que el fallecido condenado por crímenes de derechos humanos fue el primer delegado y director ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo “creado como instrumento de producción de inteligencia para la formación de políticas de facto, con ocasión de la dictadura cívico militar”. La petición a la autoridad también remarca que “dichas políticas se tradujeron en la persecución, tortura y posterior desaparición de miles de chilenos y chilenas” y que, en particular, la DINA funcionó desde el 14 de junio de 1974 hasta agosto de 1977, fecha que es sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI). El documento menciona que Contreras “acuñó más de cincuenta condenas por delitos de violaciones a los derechos humanos, sumando cerca de quinientos años de sentencia” y que se sabe que los citados homenajes se encuentran a lo menos instalados al interior de las reparticiones de la institución señalada. La resolución parlamentaria sostiene que los sitios en los que aún se mantienen vigentes “los gestos de admiración y respeto” a la figura del fallecido general (r), en forma de fotografías y placas conmemorativas, son lugares que ejercen una labor muy sensible, delicada y determinante en la formación de las subjetividades de los cuerpos militares del país. “Dicha labor es justamente la enseñanza, formación profesional y académica del Ejército de Chile”, precisa el petitorio. “Mantener dicha clase de demostraciones conmemorativas hacia la figura de una persona, respecto de la cual se ha constatado fehacientemente su participación en al menos 51 actos constitutivos de delitos entre ellos, desapariciones forzadas, secuestros y homicidios hacia personas por el solo hecho de concebir visiones políticas diferentes, resulta poco razonable para un Estado que dice ser activo en materia de derechos humanos”, se puntualiza. La propuesta fue planteada por Jorge Brito (RD), Marcelo Díaz (PS), Víctor Torres (DC), Camila Rojas (Comunes), Daniel Núñez (PC), Renato Garín (IND), Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Marcelo Schilling (PS).
