El Presidente Sebastián Piñera presentó este viernes la Agenda Antiabusos con la que el Gobierno busca castigar los denominados “delitos de cuello y corbata” como la colusión, corrupción, de carácter económico y los delitos electorales u otros.
Para ello, indicó el Mandatario, el Ejecutivo ingresará al Parlamento cuatro proyectos de ley, que sancionarán a quienes usen información privilegiada en el mercado financiero, también a los que se coludan para aumentar los precios y que aumentarán las penas para la corrupción y los delitos electorales.
El jefe de Estado recalcó que las iniciativas “aumentan las penas y establecen, en algunos casos cuando los delitos son especialmente graves, prisión efectiva como una forma de disuadir, de prevenir, que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones o anticompetitivos que perjudican a todos los chilenos”.
En concreto, la agenda contempla tres pilares: Combatir con mayor severidad las colusiones, la corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales u otros abusos; Mejor protección de los derechos de los consumidores y Mejor protección de los derechos de los trabajadores.
Añade nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE): se propone darle la facultad del alzamiento del secreto y de la reserva bancaria; nuevos medios técnicos de investigación como fotografías, filmaciones o grabaciones y medidas para resguardar la evidencia electrónica, como solicitar a las empresas de telecomunicaciones que creen un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos afectados por investigaciones por actos colusorios.
También incluye la figura del denunciante anónimo ante la FNE: Esto es la obligación de la entidad de mantener la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado, cumpliendo las condiciones mínimas de la denuncia. Se incluyen sanciones graves para quienes utilizan maliciosamente este instrumento.
También establece “periodos de bloqueo” asociados al uso de información privilegiada, explicitando que directores, gerentes, principales ejecutivos y sus parientes hasta segundo grado no podrán efectuar transacciones de valores del emisor en los 30 días anteriores a la divulgación de Estados Financieros.
Aquí también se incluye la protección al denunciante anónimo para aquellas personas que, sin haber participado como imputado o víctima en la conducta denunciada, tengan antecedentes desconocidos para la CMF y sustanciales para la investigación y, asimismo, dispone sanciones para quienes divulguen el secreto de la investigación y entrega una recompensa a los denunciantes entre un 10% y un 30% de la multa aplicada, con un máximo de 25.000 UF, aproximadamente 700 millones de pesos.
El canal recibirá denuncias sobre hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o administrativas, así como hechos asociados a corrupción o que afectasen recursos públicos. En caso de recibir hechos que constituyan delito, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
En el caso de que el denunciante solicite la reserva, la identidad del denunciante deberá ser resguardada en todo momento por la Contraloría. Ello implica que, de remitir los antecedentes a otra institución, deberá reservarse para sí la identidad del denunciante y resguardar que ésta no se pueda inferir de la información entregada. Los funcionarios públicos que realicen denuncias en el nuevo canal podrán, en caso de que la reserva no sea suficiente resguardo, solicitar a la Contraloría establezca medidas de resguardo.
“Esta agenda va en completa sintonía con lo que espera la ciudadanía. Que nunca más existan abusos como los que han acontecido en el tiempo. No más colusión, sin trampas hacia las personas”, expresó el legislador Durán.
Para la diputada Camila Flores, en tanto, la iniciativa no solo permitirá una mayor transparencia, sino también ayudará a establecer las reglas claras en el juego. “Hoy la ciudadanía nos exige mayor transparencia y orden. Los ciudadanos no quieren seguir siendo víctimas de abusos desde las empresas, por eso la relevancia de esta agenda que apunta a terminar con las prácticas ilegales, como autoridades debemos detener las colusiones”.
“Los que hacen trampa en el mercado deben ser severamente castigados, porque cuando hablamos de libre mercado estamos hablando de fe pública. Que nadie se equivoque, la UDI será la que apoyará con más entusiasmo esta agenda”, subrayó el diputado UDI, Guillermo Ramírez.
En la misma línea, el diputado RN, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “debemos establecer mayores sanciones para los que cometan abusos. Entregar mecanismos fuertes que condenen, pero también ayuden a delatar delitos económicos, en especial aquellos que tienen gran relevancia social como son la colusión, evasión tributaria, entre otros”.
Para ello, indicó el Mandatario, el Ejecutivo ingresará al Parlamento cuatro proyectos de ley, que sancionarán a quienes usen información privilegiada en el mercado financiero, también a los que se coludan para aumentar los precios y que aumentarán las penas para la corrupción y los delitos electorales.
El jefe de Estado recalcó que las iniciativas “aumentan las penas y establecen, en algunos casos cuando los delitos son especialmente graves, prisión efectiva como una forma de disuadir, de prevenir, que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones o anticompetitivos que perjudican a todos los chilenos”.
En concreto, la agenda contempla tres pilares: Combatir con mayor severidad las colusiones, la corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales u otros abusos; Mejor protección de los derechos de los consumidores y Mejor protección de los derechos de los trabajadores.
PROYECTO ANTICOLUSIÓN
El articulado contempla un aumento de penas para quienes, actuando en forma concertada, fijen el valor para un producto o servicio de primera necesidad: La pena actual para el delito de colusión va desde los 3 años y un día a los 10 años y la propuesta es que parta en 5 años y un día, manteniéndose el máximo de 10 años.Añade nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE): se propone darle la facultad del alzamiento del secreto y de la reserva bancaria; nuevos medios técnicos de investigación como fotografías, filmaciones o grabaciones y medidas para resguardar la evidencia electrónica, como solicitar a las empresas de telecomunicaciones que creen un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos afectados por investigaciones por actos colusorios.
También incluye la figura del denunciante anónimo ante la FNE: Esto es la obligación de la entidad de mantener la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado, cumpliendo las condiciones mínimas de la denuncia. Se incluyen sanciones graves para quienes utilizan maliciosamente este instrumento.
PROYECTO ANTIABUSOS
El texto del gobierno propone penas y multas por uso de información privilegiada y otros abusos en el mercado de valores: Se modifica la Ley de Valores para subir la pena actual de distintas conductas de abuso de mercado. Información privilegiada, fraudes y alteración de documentos, aumentan su pena desde presidio menor en cualquier de sus grados (61 días a 5 años y un día) a presidio menor en su grado medio hasta presidio mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años y un día). Además, se propone aumentar el máximo de multas a imponer por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) desde 15.000 UF a 100.000 UF, lo que implica multiplicar por 7 el máximo de la multa actual.También establece “periodos de bloqueo” asociados al uso de información privilegiada, explicitando que directores, gerentes, principales ejecutivos y sus parientes hasta segundo grado no podrán efectuar transacciones de valores del emisor en los 30 días anteriores a la divulgación de Estados Financieros.
Aquí también se incluye la protección al denunciante anónimo para aquellas personas que, sin haber participado como imputado o víctima en la conducta denunciada, tengan antecedentes desconocidos para la CMF y sustanciales para la investigación y, asimismo, dispone sanciones para quienes divulguen el secreto de la investigación y entrega una recompensa a los denunciantes entre un 10% y un 30% de la multa aplicada, con un máximo de 25.000 UF, aproximadamente 700 millones de pesos.
PROYECTO ANTICORRPCIÓN EN EL ESTADO
En este caso se crea un canal de denuncias en la Contraloría General de la República, en el que podrá denunciar cualquier persona, sea este un funcionario público o no. Al momento de hacer la denuncia, se podrá solicitar que se mantenga en reserva la identificación del denunciante, así como cualquier antecedente que sirva para identificarlo. Para que no se abuse de esta herramienta, se agrega una sanción para quienes presenten denuncias falsas.El canal recibirá denuncias sobre hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o administrativas, así como hechos asociados a corrupción o que afectasen recursos públicos. En caso de recibir hechos que constituyan delito, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
En el caso de que el denunciante solicite la reserva, la identidad del denunciante deberá ser resguardada en todo momento por la Contraloría. Ello implica que, de remitir los antecedentes a otra institución, deberá reservarse para sí la identidad del denunciante y resguardar que ésta no se pueda inferir de la información entregada. Los funcionarios públicos que realicen denuncias en el nuevo canal podrán, en caso de que la reserva no sea suficiente resguardo, solicitar a la Contraloría establezca medidas de resguardo.
PROYECTO SOBRE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
Actualmente el plazo de prescripción para los delitos electorales es de 2 años, a diferencia de la regla general de 5 años. Se propone eliminar la disposición especial, para que los delitos electorales queden regulados con el mismo plazo de prescripción que el resto de los ilícitos de esta gravedad, esto es, de 5 años.TOLERANCIA CERO A LOS DELITOS
En esa línea, parlamentarios de Chile Vamos señalaron que la sanción frente a la comisión de estos ilícitos debe ser “ejemplificadora y de intransigencia total”.“Esta agenda va en completa sintonía con lo que espera la ciudadanía. Que nunca más existan abusos como los que han acontecido en el tiempo. No más colusión, sin trampas hacia las personas”, expresó el legislador Durán.
Para la diputada Camila Flores, en tanto, la iniciativa no solo permitirá una mayor transparencia, sino también ayudará a establecer las reglas claras en el juego. “Hoy la ciudadanía nos exige mayor transparencia y orden. Los ciudadanos no quieren seguir siendo víctimas de abusos desde las empresas, por eso la relevancia de esta agenda que apunta a terminar con las prácticas ilegales, como autoridades debemos detener las colusiones”.
“Los que hacen trampa en el mercado deben ser severamente castigados, porque cuando hablamos de libre mercado estamos hablando de fe pública. Que nadie se equivoque, la UDI será la que apoyará con más entusiasmo esta agenda”, subrayó el diputado UDI, Guillermo Ramírez.
En la misma línea, el diputado RN, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “debemos establecer mayores sanciones para los que cometan abusos. Entregar mecanismos fuertes que condenen, pero también ayuden a delatar delitos económicos, en especial aquellos que tienen gran relevancia social como son la colusión, evasión tributaria, entre otros”.
