Con la aprobación de la cuestión previa por parte de la Cámara de Diputados, este miércoles se cayó la acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, presentada por el Frente Amplio.
Por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención la sala acogió los descargos del secretario de Estado, quien fue representado por el abogado DC, Jorge Correa Sutil, quien fundamentó con argumentos apegados a la Constitución, por qué no procedía el requerimiento.
Con este resultado, se entiende como no presentada la acusación y se acaba el proceso político iniciado contra el titular de Salud por los cambios realizados al protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales, modificaciones que la Contraloría declaró no ajustadas a derecho.
A la sesión de la Cámara asistieron también los ministros Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel, quienes felicitaron a su colega de Salud al término del recuento de votos, al igual que los diputados de Chile Vamos.
Se estima que la votación de la DC fue fundamental para el rechazo de la acusación.
Al término de la sesión el secretario de Estado valoró “la mayoría democrática expresada en el Parlamento” y remarcó que lo que “el país quiere es un camino de unidad para avanzar en salud y hacer las grandes transformaciones que Chile necesita”.
Por algo más de dos horas, la Sala de la Cámara de Diputados se abocó a abordar la acusación constitucional analizando los antecedentes aportados por su defensa, y los cinco legisladores que participaron en la comisión especial.
Correa Sutil apeló a la llamada “cuestión previa”, figura jurídica sostenida en la Ley Orgánica del Congreso Nacional en lo que respecta a acusaciones constitucionales, buscando impugnar desde la forma la procedencia del libelo acusatorio.
La acusación contra el ministro Santelices apelaba a que había infringido la Constitución y las leyes, o dejar estas sin ejecución, al vulnerar el principio de juridicidad, con la dictación de la resolución exenta 432 (protocolo de objeción de conciencia relativo a la Ley de Aborto en tres causales); por la interpretación torcida de las normas legales, la vulneración del derecho a la protección de la salud y la vulneración al principio de juridicidad al invadir la potestad legislativa; y por haber obviado el carácter de excepcionalidad de la objeción de conciencia.
Respecto a los argumentos esgrimidos en la Sala, el diputado Jorge Rathgeb (RN), quien presidió la comisión que evaluó el mérito de la acusación constitucional, afirmó que “claramente no ha habido culpabilidad ni nexo causal; no ha habido efectos ni daños por el protocolo que se dictó; no hubo irregularidad respecto del tema ni en el protocolo inicial de la ex ministra Castillo ni del ministro Santelices”.
Por su parte, el diputado Ramón Barros (UDI), señaló que la acusación constitucional es un elemento sancionatorio muy excepcional. “Por lo tanto, tiene que ser utilizada bajo los argumentos jurídicos y no con el show político que se intentó montar. Acá la democracia ha hablado, los que tenían que votar votaron y se impusieron los argumentos jurídicos por sobre lo político”, precisó.
En la oposición, en tanto, se lamentó el fracaso de la acusación, tal como lo planteó el diputado e integrante de la citada comisión, Marcos Ilabaca (PS).
“Ha quedado de manifiesto como las cosas no se deben hacer en política. La derrota tiene nombre: la descoordinación; en la medida en que sigamos improvisando no vamos a avanzar como oposición. Esto partió mal; no es posible que aventuras personales o el aplauso de la galería motiven el actuar en este hemiciclo”, planteó.
En tanto, la diputada Gael Yeomans (RD), una de las impulsoras del libelo acusatorio, recordó que el documento no solo fue patrocinado por el Frente Amplio, “ya que esta fue presentada por distintas mujeres de la oposición”.
“Acá la argumentación fue muy clara pero no vimos eso reflejado en los votos. A nosotros no se nos agota con esta vía la posibilidad de seguir trabajando por los derechos de la mujer, acá el movimiento social feminista va a ser escuchado”, sostuvo.
Por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención la sala acogió los descargos del secretario de Estado, quien fue representado por el abogado DC, Jorge Correa Sutil, quien fundamentó con argumentos apegados a la Constitución, por qué no procedía el requerimiento.
Con este resultado, se entiende como no presentada la acusación y se acaba el proceso político iniciado contra el titular de Salud por los cambios realizados al protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales, modificaciones que la Contraloría declaró no ajustadas a derecho.
A la sesión de la Cámara asistieron también los ministros Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel, quienes felicitaron a su colega de Salud al término del recuento de votos, al igual que los diputados de Chile Vamos.
Se estima que la votación de la DC fue fundamental para el rechazo de la acusación.
Al término de la sesión el secretario de Estado valoró “la mayoría democrática expresada en el Parlamento” y remarcó que lo que “el país quiere es un camino de unidad para avanzar en salud y hacer las grandes transformaciones que Chile necesita”.
Por algo más de dos horas, la Sala de la Cámara de Diputados se abocó a abordar la acusación constitucional analizando los antecedentes aportados por su defensa, y los cinco legisladores que participaron en la comisión especial.
Correa Sutil apeló a la llamada “cuestión previa”, figura jurídica sostenida en la Ley Orgánica del Congreso Nacional en lo que respecta a acusaciones constitucionales, buscando impugnar desde la forma la procedencia del libelo acusatorio.
La acusación contra el ministro Santelices apelaba a que había infringido la Constitución y las leyes, o dejar estas sin ejecución, al vulnerar el principio de juridicidad, con la dictación de la resolución exenta 432 (protocolo de objeción de conciencia relativo a la Ley de Aborto en tres causales); por la interpretación torcida de las normas legales, la vulneración del derecho a la protección de la salud y la vulneración al principio de juridicidad al invadir la potestad legislativa; y por haber obviado el carácter de excepcionalidad de la objeción de conciencia.
Respecto a los argumentos esgrimidos en la Sala, el diputado Jorge Rathgeb (RN), quien presidió la comisión que evaluó el mérito de la acusación constitucional, afirmó que “claramente no ha habido culpabilidad ni nexo causal; no ha habido efectos ni daños por el protocolo que se dictó; no hubo irregularidad respecto del tema ni en el protocolo inicial de la ex ministra Castillo ni del ministro Santelices”.
Por su parte, el diputado Ramón Barros (UDI), señaló que la acusación constitucional es un elemento sancionatorio muy excepcional. “Por lo tanto, tiene que ser utilizada bajo los argumentos jurídicos y no con el show político que se intentó montar. Acá la democracia ha hablado, los que tenían que votar votaron y se impusieron los argumentos jurídicos por sobre lo político”, precisó.
En la oposición, en tanto, se lamentó el fracaso de la acusación, tal como lo planteó el diputado e integrante de la citada comisión, Marcos Ilabaca (PS).
“Ha quedado de manifiesto como las cosas no se deben hacer en política. La derrota tiene nombre: la descoordinación; en la medida en que sigamos improvisando no vamos a avanzar como oposición. Esto partió mal; no es posible que aventuras personales o el aplauso de la galería motiven el actuar en este hemiciclo”, planteó.
En tanto, la diputada Gael Yeomans (RD), una de las impulsoras del libelo acusatorio, recordó que el documento no solo fue patrocinado por el Frente Amplio, “ya que esta fue presentada por distintas mujeres de la oposición”.
“Acá la argumentación fue muy clara pero no vimos eso reflejado en los votos. A nosotros no se nos agota con esta vía la posibilidad de seguir trabajando por los derechos de la mujer, acá el movimiento social feminista va a ser escuchado”, sostuvo.
