La Sala del Senado aprobó la tarde de este lunes la Acusación Constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, por “notable abandono de deberes” en el denominado caso Muñeca Bielorrusa,
La decisión implica su destitución inmediata y la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años.
La medida se concretó con la aprobación de uno de los tres capítulos del libelo, requisito suficiente para que la medida quedara firme. Finalmente, esta fue respaldada con 43 votos a favor y sin rechazos ni abstenciones, lo que selló la destitución del magistrado.
El primer capítulo lo responsabiliza de vulnerar el “deber de probidad, abstención e imparcialidad” en el caso Belaz Movitec, conocido como la trama bielorrusa, al intervenir en causas donde mantenía vínculos con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados por cohecho y lavado de activos.
El segundo capítulo lo acusa de conflictos de interés en nombramientos notariales, al permitir que su hijastro fuera designado notario interino en San Miguel mientras él supervisaba ese tribunal.
El tercero lo cuestiona por el caso Fundamenta, al fallar en causas vinculadas a los mismos abogados y luego realizar un viaje en crucero con ellos por Europa.
En su defensa, Simpértigue declaró ante los senadores que “tajantemente le digo que nunca ha habido ninguna irregularidad” y aseguró haber actuado “de buena fe”.
Agregó que “todas las cosas que pasaron fueron parte de la normalidad, no hay nada que sospechar”, y sostuvo que su situación se debe a no contar con “grupos de poder o redes económicas, sociales o políticas” detrás de él.
Debate
Durante el debate, diversos senadores justificaron sus votos a favor. David Sandoval (UDI) afirmó que “la vida privada de un juez deja de ser estrictamente privada cuando se entrelaza con intereses y afecta la percepción pública de independencia”.
Iván Flores (DC) señaló que la conducta del ministro “revela una conducta incompatible con la independencia que deben tener los jueces”.
Karim Bianchi (Indep) enfatizó que “la justicia no es un privilegio, es un deber. Chile merece un poder judicial a la altura de su gente”, mientras que Claudia Pascual (PC) calificó la acusación de “máxima gravedad” y votó favorablemente en los capítulos uno y tres.
Otros parlamentarios, como Pedro Araya (PPD) y Francisco Chahuán (RN), se inhabilitaron de participar en la votación.
En tanto, Fidel Espinoza (PS) respaldó los capítulos primero y tercero, argumentando que las vinculaciones del ministro “terminaron perjudicando al Estado”.
La mayoría de los senadores presentes se pronunció a favor del primer capítulo, consolidando la destitución de Simpértigue y marcando un precedente en la historia reciente del Poder Judicial.
