La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) presentaron el proyecto de ley que busca aumentar las penas en contra de aquellos que realicen delitos que atenten contra conductores del transporte remunerado de pasajeros y escolares.

La jefa comunal señaló durante este lunes que “estamos viviendo una ola de violencia, crímenes, asesinatos que no estamos acostumbrados en Chile, hoy día estamos acá con la familia y con lo colegas de Maximiliano que fue asesinado, él era conductor de transporte público, y lo asesinaron dos colombianos que estaban obviamente en forma ilegal en Chile, uno de ellos ya tenía condena en su país de origen”.

Maximiliano Navarrete fue asesinado en la noche del 3 de febrero de este año, cuando se encontraba cumpliendo sus labores como colectivero de La Serena, momento en que habría sido atacado con armas cortantes por un pasajero.

En ese contexto, Matthei manifestó que “lo que nosotros hoy día estamos haciendo junto con el diputado Fuenzalida, la familia y los colegas de Maximiliano es pedir mayor protección, es hora de endurecer las penas sobre todo cuando la víctima es una persona que está cumpliendo un trabajo que es importante desde el punto de vista de la comunidad y que además por la naturaleza tiene que andar de noche, solo, en lugares donde nadie más anda”.

En ese sentido, agradeció a Fuenzalida por estar “presentando un proyecto de ley para aumentar las penas cuando se daña o se asesina a una persona como Maximiliano, que justamente estaba cumpliendo un trabajo social que es sumamente importante”.

“Me alegró que haya un proyecto de ley para endurecer las penas cuando se asesine a una persona como ellos que están cumpliendo este tipo de labores, y espero que también esto se pudiera extender a otras personas que cumplen labores públicas importantes”, expresó la autoridad comunal.

Por su parte, el diputado Fuenzalida indicó que “esto es un proyecto de ley que primero establece aumentar el grado respecto de quienes ataquen a los conductores del transporte público mayor, menor, trasporte escolar y de esa forma quien comete ese tipo de delito tenga una sanción más extensa y no pueda optar a beneficios carcelarios”.

El parlamentario explicó que la iniciativa establece “una agravante respecto a estas personas que por la situación de riesgo en la que ellos están ejerciendo sus labore” y que además crea la obligatoriedad mantener “una suerte de cartel que señale las penas que están asociadas a quienes agreden o atacan a un conductor”.