La acusación fue realizada en conjunto con los diputados Camila Vallejo (PC), Miguel Crispi (RD) y Amaro Labra (PC), quienes igualmente apuntan a la autoridad municipal por el destino de 2.223 millones de pesos que deberían estar en las cuentas de salud y educación de la municipalidad.
Lo anterior, luego que Contraloría señalara en febrero pasado, en un informe presentado ante el Ministerio Público, que no pudo constatar el destino de los fondos utilizados para cubrir los egresos de 2015 a 2017.
Asimismo, denunciaron el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales de funcionarios municipales, generando pérdidas por 559 millones de pesos a la comuna.
De ser acogida la querella en contra de Carter, éste arriesga ser suspendido de su cargo (1 ó 2 años), junto con 541 días a 3 años de cárcel por apropiación indebida y una multa que podría llegar a $1.400.000.