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Presunta negligencia del SernamEG habría facilitado la libertad de Mauricio Ortega

Según consignó Radio Biobío, este año destituyeron a Beatriz Ramírez Díaz, abogada del organismo que representó a Nabila Rifo durante todo el proceso judicial y no reasignaron la causa a otra profesional.

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El abandono judicial del Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) habría facilitado que Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, consiguiera su libertad condicional.

Según consignó Radio Biobío, este año destituyeron a Beatriz Ramírez Díaz, abogada del organismo que representó a Rifo durante todo el proceso judicial y no reasignaron la causa a otra profesional.

Debido a esta situación, nadie del servicio la asesoró y no pudo ser escuchada en la audiencia que selló la libertad de su agresor.

De acuerdo al medio citado, los hechos se remontan a fines de septiembre recién pasado, cuando el Juzgado de Garantía de Coyhaique notificó a la jurista de la solicitud del condenado, pero hace cinco años que no puede acceder al correo institucional del SernamEG, donde llegó el aviso del tribunal.

En 2016, tres días después del ataque, la jurista –en representación de la madre de la víctima–interpuso una querella por homicidio calificado frustrado, y en agosto del mismo año, la profesional se convirtió en la única abogada que representaría a Nabila hasta la sentencia de Ortega.

Sin embargo, en 2019, Ramírez, en medio de un sumario, fue suspendida de sus funciones y no siguió tramitando ésta ni otras causas y le bloquearon el acceso a sus cuentas institucionales, incluyendo el correo que había registrado el SernamEG en el expediente de Nabila.

Los archivos del Juzgado de Garantía de Coyhaique muestran que, tras la ratificación de la sentencia de Ortega, las notificaciones siguieron llegando al mail de la suspendida abogada.

Para 2025, el tribunal seguía notificando a la abogada. En total, fueron tres las comunicaciones que llegaron a la misma casilla bloqueada, donde se alertaba que Ortega estaba pidiendo su libertad condicional.

El decreto de ley que regula el otorgamiento de este beneficio señala que las víctimas tienen cinco días para manifestar su opinión respecto de la solicitud, pero en el caso de Nabila, nada de eso pasó.

La primera notificación llegó a Beatriz el 19 de marzo, tras la primera petición de Ortega. La segunda fue para avisar el rechazo a las intenciones del agresor. Y la tercera, cayó el 24 de septiembre, tras la nueva ofensiva del condenado.

Pese a que consta en el expediente judicial que Nabila fue notificada, no llegó ni ella ni el SernamEG a la audiencia de este lunes, en la cual nadie se opuso a que Ortega saliera de la cárcel.
Quienes conocen de cerca el caso revelan que el organismo nunca solicitó actualizar el correo institucional que estaba asignado a la causa.

Desde el organismo reconocen que no asesaron a la víctima desde que fue notificada. “No tomamos conocimiento de la solicitud presentada por el condenado de acceder al beneficio penitenciario y, por tanto, no pudimos ejercer los derechos que le correspondían”, aseguran.

“En causas cerradas, terminadas, no hay un traspaso. Fuimos querellantes hasta el último proceso, incluso recurrimos a la nulidad por el cambio de tipificación de femicidio frustrado a lesiones graves gravísimas. Terminado ese proceso, lo que viene es el cumplimiento penitenciario de la misma, y en ese marco, el condenado pidió el derecho de los beneficios carcelarios”, argumentaron desde el SernamEG.

Según el medio citado, el organismo se enteró de la solicitud cuando ésta ya había sido aprobada. “Ni la víctima ni el servicio fue debidamente notificado”, afirman.

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