Por 103 votos a favor, uno en contra René Alinco (ind) y la abstención de Marisela Santibánez (PC), la Cámara de Diputados aprobó la ley que congela la tarifa del Metro, dejando sin efecto el alza de los $30 pesos que gatilló la serie de manifestaciones y protestas que derivaron en disturbios y destrozos de 80 estaciones de la red del tren urbano.

La propuesta fue ingresada a trámite esta misma tarde por el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, luego de la cita entre el Presidente Sebastián Piñera con los presidentes de ambas cámaras del Poder Legislativo, senador Jaime Quintana y diputado Iván Flores, y su homólogo del Poder Judicial, Haroldo Brito.

Dada a conocer la iniciativa en la cuenta de la presente sesión especial, se inició un intenso debate entre los diputados.

En medio de esa situación los miembros de la bancada del Frente Amplio dijeron que no se prestarían para apoyar la iniciativa si el Gobierno no sacaba a los militares que custodias las calles para apoyar en labores de seguridad a Carabineros y evitar más desmanes, saqueos e incendios como los ocurridos durante este fin de semana.

Luego, se retiraron del hemiciclo en señal de protesta y rechazo al articulado, pero la única excepción es su diputado, Renato Garín, a quien se vio sólo por un instante en su puesto de trabajo.

“No cuenten conmigo para el show comunicacional, ya tuvimos toda la semana pasada de escándalos. No te temo a quedarme solo en defensa de mis deberes y mis responsabilidades. Vine a trabajar hoy y eso es lo que haré”, escribió en Twitter.

Esta escena no duró mucho, ya que después de una breve conversación con la excandidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez, quien el viernes pasado pidió al Jefe de Estado bajar la tarifa, resolvieron volver, culpando de esto a una descoordinación.

El texto explica que la Ley 20.378 define los ajustes de tarifa del sistema de transporte público de pasajeros de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, conforme a lo decretado por el Panel de Expertos.

Asimismo, señala una restricción que impide a dicho panel determinar una reducción en el nivel general de tarifas, mientras se encuentre vigente el subsidio.

En el mensaje, el Gobierno reconoce que la última alza de tarifas decretada por el Panel de Expertos, a partir del 6 de octubre, gatillada por el incremento de costos del sistema, “reveló la necesidad de que el Ejecutivo cuente con herramientas legales que le permitan ponderar antecedentes de orden económico y social al momento de aplicar un alza de tarifas y, de manera excepcional y fundada, poder dejar sin efecto o limitar un alza”.

En concreto, el proyecto otorga al mandatario la facultad de dejar sin efecto un alza de tarifas determinada por el Panel de Expertos, mediante un decreto supremo fundado expendido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que también es firmado por Hacienda.

En dicho decreto, se deberán consignar los recursos que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema o compensar el valor real de la tarifa.

La propuesta legal irroga un gasto fiscal de $3.500 millones para el año 2019. Asimismo define que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta medida se financiará con cargo a los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y, en lo que falte, del Tesoro Público.

Previo a su análisis en sala, la iniciativa fue abordada por la Comisión de Hacienda, y en todo momento el Partido Comunista se negó a entregar su apoyo.