Loreto Iturriaga, hija del general (r) Raúl Iturriaga Neumann, y el abogado Raúl Meza entregaron una carta al presidente dela Corte Suprema, Haroldo Brito, firmada por 80 reos de Punta Peuco en la que piden que se reconozcan sus derechos a beneficios penitenciarios.
El documento se denomina “Verdad, Justicia y Reparación” y relatan su versión de los hechos. Afirman que “las acciones delictuales terroristas protagonizadas por la extrema izquierda contra los derechos humanos superan con creces los que se exponen sesgadamente en el Museo de la Memoria”.
También aseguran que “no hay impunidad, porque son casi 200 los ex militares y agentes de seguridad que se encuentran presos, algunos condenados a cadena perpetua, y también a 10, 20 y 30 años de cárcel, ninguno con el debido proceso, todos pasados por el antiguo sistema penal”.
Además, exponen que tras el rechazo a la acusación constitucional a los tres jueces de la misma Corte Suprema, “ha quedado meridianamente claro que no hay convenios ni leyes nacionales o internacionales que impidan las libertades condicionales y otros beneficios”.
Por lo mismo piden que se reconsideren sus casos y que se “haga justicia”. La carta también será entregada al Presidente Sebastián Piñera, al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El documento se denomina “Verdad, Justicia y Reparación” y relatan su versión de los hechos. Afirman que “las acciones delictuales terroristas protagonizadas por la extrema izquierda contra los derechos humanos superan con creces los que se exponen sesgadamente en el Museo de la Memoria”.
También aseguran que “no hay impunidad, porque son casi 200 los ex militares y agentes de seguridad que se encuentran presos, algunos condenados a cadena perpetua, y también a 10, 20 y 30 años de cárcel, ninguno con el debido proceso, todos pasados por el antiguo sistema penal”.
Además, exponen que tras el rechazo a la acusación constitucional a los tres jueces de la misma Corte Suprema, “ha quedado meridianamente claro que no hay convenios ni leyes nacionales o internacionales que impidan las libertades condicionales y otros beneficios”.
Por lo mismo piden que se reconsideren sus casos y que se “haga justicia”. La carta también será entregada al Presidente Sebastián Piñera, al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
