Consejeros del Partido Republicano se encuentran preparando una propuesta para el capítulo relacionado al Poder Judicial, buscando volver a establecer que las funciones no jurisdiccionales estén a cargo del máximo tribunal.

Según consignó El Mercurio, el borrador del documento establece que “la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales”.

“Esta superintendencia comprende el ejercicio de poderes de supervigilancia respecto de la Academia Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los fiscales judiciales”, añade.

Asimismo, en el artículo 5 sostiene que la Academia Judicial “coordinará la formación y el perfeccionamiento de los jueces y funcionarios en los conocimientos, destrezas y criterios básicos necesarios para el desempeño de sus funciones, así como la habilitación para los tribunales superiores”.

Este planteamiento es contrario al anteproyecto de nueva Constitución creado por la Comisión Experta, que señala que “para la gobemanza del Poder Judicial existirán órganos autónomos encargados de los nombramientos de sus integrantes, el ejercicio de las facultades disciplinarias, la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionados, así como la gestión y administración del Poder Judicial. Existirá un órgano por cada uno de ellos, los que funcionarán separadamente y de forma coordinada”.

Por otro lado, el borrador de la propuesta de republicanos, asegura que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las partes e intervinientes, y en las causas en que actualmente se pronunciaren, sin perjuicio de los casos de excepción que la ley expresamente determine, y del respeto de la debida coherencia en sus fundamentos. La extensión de los efectos de las sentencias a personas distintas de las partes o intervinientes configurará notable abandono de deberes”.

Asimismo, se estipula que los ministros de la Corte Suprema cesarán en sus cargos a cumplir 20 años en ejercicio, y se mantiene el límite de edad en 74 años.

El presidente de la comisión de Función Jurisdiccional del Consejo Constitucional, Antonio Barchiesi, manifestó que el borrador “se hace cargo del activismo judicial, que ha sido un problema del que en los últimos años hemos conocido su peor cara. Además, creo que estamos innovando en la dirección correcta respecto del nepotismo en los nombramientos, al igual que en el ámbito de la prevaricación y la disciplina”.