Los ocho conflictos armados que sacuden actualmente Colombia afectaron a miles de personas a lo largo del pasado año 2023, dejando un balance de hasta 444 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, según el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las principales consecuencias humanitarias de estos conflictos pasan por la desaparición y el desplazamiento, la violencia sexual, el confinamiento y las secuelas por artefactos explosivos diseminados por el país. Asimismo, el CICR destacó la asociación de niños y adolescentes con actores armados.

En lo que respecta al desplazamiento de personas, el CICR señaló que más de 195.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, especialmente en los departamentos de Valle Nariño (más de 43.500), Valle del Cauca (cerca de 28.200) y Cauca (más de 17.100).

Por otro lado, en torno a 47.000 personas se vieron afectadas por confinamientos de comunidades debido al recrudecimiento de hostilidades o por la presencia de artefactos explosivos.

Esto supone un aumento del 19 por ciento a nivel nacional en 2023 respecto con los datos del año anterior. Esas minas y explosivos diseminados por el territorio colombiano afectaron directamente a 380 personas, la mayoría de ellas civiles.

Aunque en este apartado se registró un descenso del 22 por ciento respecto al año anterior, el CICR incide en que esto no conlleva directamente una disminución del territorio afectado.

Asimismo, a lo largo del año 2023 el CICR documentó un total de 222 desapariciones de personas relacionadas con los conflictos armados y la violencia en el país, aunque el organismo se afanó en remarcar que esta cifra “no da cuenta del número total de desapariciones que pudieron ocurrir en ese tiempo”.

Es por todo esto que el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, hizo un llamamiento al Gobierno colombiano y los principales grupos armados del país para que pongan “las preocupaciones humanitarias en el centro de los diálogos de paz” y alcancen acuerdos al respecto.

“En medio de las negociaciones se pueden adoptar acuerdos especiales que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población afectada por los conflictos armados, reforzando las obligaciones que tienen las partes en conflicto frente al Derecho Internacional Humanitario“, añadió.

En este sentido Caraffi recalcó la necesidad de que los posibles acuerdos alcanzados correspondan a medidas concretas y positivas construidas bajo las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, y cuya finalidad sea la de proteger a los civiles de los conflictos armados.

Finalmente, el CICR incidió en la necesidad de tener presencia en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia en Colombia para “comprender la dura realidad” que vive la población afectada. En 2023 el organismo prestó ayuda humanitaria a cerca de 150.000 personas en Colombia.