25 Septiembre 2022 21:02
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Segundo Tribunal Ambiental presenta camino de conciliación para el caso de Quintero-Puchuncaví

La denuncia fue interpuesta en contra de las doce empresas del cordón industrial de Ventanas, y el Estado de Chile. En esta, se responsabiliza a las entidades como responsables de la contaminación histórica que existe en la zona.

El Segundo Tribunal Ambiental dio a conocer este miércoles la entrega de una última propuesta de conciliación, en relación con la demanda por reparación de daño ambiental presentada por los trabajadores y vecinos de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

La denuncia fue interpuesta en contra de las doce empresas del cordón industrial de Ventanas, y el Estado de Chile. En esta, se responsabiliza a las entidades como responsables de la contaminación histórica que existe en la zona.

En un total de 16 medidas, el Segundo Tribunal Ambiental propone acciones complementarias, financiadas por las empresas. En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente deberá coordinar algunas acciones, y gestionar y financiar otras, además de crear programas relacionados.

A través de un comunicado, indicaron que las medidas buscan considerar los “efectos ambientales de más de medio siglo de actividad industrial en la zona, generando una oportunidad de construir relaciones entre los actores del territorio, sobre la base del respeto, la responsabilidad y la transparencia, buscando como fin último restablecer las confianzas en el territorio”.

En esta línea, el ministro presidente del Tribunal, Alejandro Ruiz Fabres, manifestó que “la propuesta que hoy se presenta tiene por objeto revertir una tendencia negativa que arrastra este conflicto durante el tiempo, en aras de incorporar la sustentabilidad a la actividad productiva desde un amplio punto de vista”.

“Con ello, junto con proponerse el mejoramiento tecnológico necesario para compatibilizar las posiciones de todos los interesados, se releva la necesidad de analizar cabalmente los riesgos individuales y sinérgicos de las industrias ahí emplazadas, de manera de reducir al mínimo la incertidumbre en el origen de los episodios de contaminación, junto con llevar estos al mínimo”, añadió Ruiz.

Las partes del conflicto tendrán un plazo de 30 días para pronunciarse sobre las iniciativas. Se citará una audiencia para el día 12 de septiembre para una revisión de avances.

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