“Las cosas que me tuvieron suspendido ya pasaron”, afirmó la noche de este martes el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, al reaparecer en público tras la suspensión de 30 días impuesta por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por notable abandono de deberes.

El jefe comunal, el Concejo Municipal de Valparaíso y autoridades locales participaron en la prueba de lanzamiento de fuegos artificiales, el tradicional preparativo del espectáculo pirotécnico que se realizará la madrugada del 1 de enero para dar la bienvenida a los primeros minutos del nuevo año.

En la actividad, Sharp declaró que “coincidió mi retorno con la última semana del año que es muy movida, así que este día estuvimos trabajando, tuvimos reunión con el jefe de la Primera Zona (Naval de la Armada), con Carabineros, los hoteleros, para ver los temas de seguridad”.

Añadió que “estuvimos trabajando con los equipos del municipio, conversando con dirigentes sociales, realizando entrevistas con los medios de comunicación, ha sido un día muy movido, todo con el objetivo de que este fin de semana largo resulte como todos esperamos, un gran espectáculo de fuegos artificiales que debe hablar por lo hermoso que es y no por otras cosas”.

LA SUSPENSIÓN

El 14 de noviembre pasado, el Tricel suspendió de sus funciones por 30 días al alcalde Sharp, tras acoger un requerimiento que presentaron seis concejales del primer período del edil por irregularidades en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval). La medida comenzó a regir días después, cuando Sharp fue notificado.

Durante el tiempo de la suspensión, el jefe comunal recibió el 50% de sus remuneraciones y no pudo hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. El fallo, dictado por los ministros Juan Fuentes, Jorge Dahm, Adelita Ravanales y Sergio Romero, revirtió una sentencia del Tribunal Electoral Regional (TER) que había exculpado al edil.

El Tricel llegó a la convicción de que Sharp faltó al deber de supervigilancia que le impone el cargo con respecto a las irregularidades detectadas entre 2017 y 2019 en los liceos Técnico de Valparaíso y Técnico Profesional María Luisa Bombal, dependientes entonces de la Corporación Municipal de Educación.

Según el Tricel, las irregularidades tienen “la entidad suficiente para configurar un abandono de deberes”. En todo caso, indicó que “si bien se han constatado irregularidades administrativas en la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, que dan lugar a la responsabilidad administrativa del alcalde requerido, carecen de la entidad suficiente para hacer procedente su destitución”.

Las anomalías detectadas por la Contraloría regional consistieron principalmente en el desarrollo de actividades productivas consistentes, entre otras, en servicios de fotocopiado, reventa de ropa comprada en el comercio, venta de colaciones, implementación de música e iluminación de eventos y reventa de alimentos adquiridos a empresas particulares. Todas constituyen actividades productivas ajenas a la enseñanza técnica impartida en estos establecimientos educacionales.

De este cargo principal derivaron otros que el Tricel dio por acreditados y que dicen relación con la falta de arqueo al dinero y a los documentos mantenidos por ambos liceos, por lo cual se detectó que faltaban $6.662.282 en el caso del Técnico de Valparaíso y $1.447.852 en el Técnico Profesional.

Además se cuestionó el pago de $28 millones en bonos de producción a 12 trabajadores del Liceo Técnico de Valparaíso, y la destinación de 220 millones de pesos en insumos para las áreas de alimentación y eventos, recursos que debieron financiar proyectos de programas orientados a mejorar la calidad de la educación.