La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo preventivo deducido en contra del jefe de la Defensa Nacional de la región y de la Segunda Comisaría de Quilpué por el actuar ilegal y arbitrario en procedimientos policiales realizados el 19 y 20 de octubre recién pasado.
Además, el tribunal de alzada porteño ordenó a Carabineros la realización de un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades en los hechos denunciados.
En fallo unánime, la Tercera Sala de la corte -integrada por el ministro Max Cancino, la ministra Rosario Lavín y la abogada (i) Sonia Maldonado- acogió la acción constitucional, tras establecer que los efectivos policiales vulneraron la seguridad personal del amparado, quien fue detenido la noche del 19 de octubre, cuando regía el toque de queda, y sometido a tratos vejatorios en la unidad policial, los que se extendieron al día siguiente.
La resolución sostiene que, si bien existe una causa abierta por el delito de apremios ilegítimos, “existen indicios suficientes para establecer que el amparado cuando ya se encontraba en calidad de detenido y por ende bajo la custodia policial, fue sometido a vulneraciones a su integridad física y psicológica, lo que importa la infracción a los protocolos institucionales de Carabineros sobre uso de la fuerza y el trato del detenido en las unidades policiales”.
Añade que “de los antecedentes allegados a la causa, se desprende que el amparado fue sometido durante su permanencia en el calabozo a un trato degradante, al no haberse adoptado las medidas mínimas para que al mismo se le facilitara la vestimenta necesaria acorde a su dignidad para que se presentase a la audiencia de control de detención, a la que fue conducido con pañales y vistiendo una bata de papel”.
Por tanto, concluye que “se acoge el recurso de amparo deducido a favor de Jonathan Felipe Donaire Osorio, en contra de don Juan Andrés de la Maza Larraín, en su calidad de jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso, y en contra de los funcionarios de la Segunda Comisaría de Quilpué”.
Además, se ordenó “que se dirija oficio al señor Director General de Carabineros de Chile para que disponga la instrucción de un sumario administrativo para investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios”. También “que el comisario de la Segunda Comisaría de Quilpué deberá reiterar al personal de dicha repartición, la instrucción de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los protocolos institucionales de Carabineros sobre uso de la fuerza y trato digno a los detenidos”.
Además, el tribunal de alzada porteño ordenó a Carabineros la realización de un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades en los hechos denunciados.
En fallo unánime, la Tercera Sala de la corte -integrada por el ministro Max Cancino, la ministra Rosario Lavín y la abogada (i) Sonia Maldonado- acogió la acción constitucional, tras establecer que los efectivos policiales vulneraron la seguridad personal del amparado, quien fue detenido la noche del 19 de octubre, cuando regía el toque de queda, y sometido a tratos vejatorios en la unidad policial, los que se extendieron al día siguiente.
La resolución sostiene que, si bien existe una causa abierta por el delito de apremios ilegítimos, “existen indicios suficientes para establecer que el amparado cuando ya se encontraba en calidad de detenido y por ende bajo la custodia policial, fue sometido a vulneraciones a su integridad física y psicológica, lo que importa la infracción a los protocolos institucionales de Carabineros sobre uso de la fuerza y el trato del detenido en las unidades policiales”.
Añade que “de los antecedentes allegados a la causa, se desprende que el amparado fue sometido durante su permanencia en el calabozo a un trato degradante, al no haberse adoptado las medidas mínimas para que al mismo se le facilitara la vestimenta necesaria acorde a su dignidad para que se presentase a la audiencia de control de detención, a la que fue conducido con pañales y vistiendo una bata de papel”.
Por tanto, concluye que “se acoge el recurso de amparo deducido a favor de Jonathan Felipe Donaire Osorio, en contra de don Juan Andrés de la Maza Larraín, en su calidad de jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso, y en contra de los funcionarios de la Segunda Comisaría de Quilpué”.
Además, se ordenó “que se dirija oficio al señor Director General de Carabineros de Chile para que disponga la instrucción de un sumario administrativo para investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios”. También “que el comisario de la Segunda Comisaría de Quilpué deberá reiterar al personal de dicha repartición, la instrucción de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los protocolos institucionales de Carabineros sobre uso de la fuerza y trato digno a los detenidos”.
