La Superintendencia de Educación publicó el informe “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024): establecimientos, estudiantes y trayectorias educativas”, un documento que analiza tendencias, perfiles y causales de estas sanciones en el sistema escolar chileno.
El estudio se enmarca en el debate público sobre la tensión que enfrentan los establecimientos entre garantizar ambientes seguros y resguardar el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se revisaron más de 8.200 expedientes notificados a la Supereduc, junto con bases de datos del Ministerio de Educación.
Los resultados muestran un aumento sostenido en la aplicación de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, los casos se triplicaron, pasando de 741 a 2.423. El incremento es particularmente notorio en la etapa pospandemia, con un promedio anual de 1.754 casos entre 2022 y 2024, más del doble del período 2016-2019.
El dato más relevante es que las expulsiones se multiplicaron por ocho en el período, pasando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida superó a la cancelación de matrícula y se consolidó como la principal sanción, representando el 53,8% de los expedientes en 2024.
Al respecto, la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta afirmó: “Lo que nos muestra este informe es que hoy los equipos directivos de los establecimientos están ejerciendo su facultad de acuerdo con la normativa vigente. Los datos revisados evidencian que la enorme mayoría de los procesos de expulsión y cancelación de matrícula se basan en fundamentos establecidos en la Ley Aula Segura. Entonces, es un mito eso de que Aula Segura no se está utilizando. Lo que se requiere es que los procesos también busquen resguardar trayectorias educativas”.
Sanciones se concentran en establecimientos con mayor proporción de estudiantes prioritarios
El informe revela que las sanciones se concentran en establecimientos con mayor proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones ocurrieron en recintos donde más del 60% del estudiantado es prioritario. En contextos vulnerables las tasas aumentan, mientras que en establecimientos de baja vulnerabilidad las cifras son marginales. Para la realización de este estudio, se analizaron principalmente establecimientos públicos y particulares subvencionados, debido a que los particulares pagados no tenían la obligación de informar procesos sancionatorios de este tipo, situación que cambia con la publicación de la nueva Circular N°782, de medidas formativas y disciplinarias.
Asimismo, se observa una sobrerrepresentación de hombres en ambas medidas (más del 75% en 2024), con predominio en Educación Media y perfiles académicos deteriorados: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas frágiles.
En ese sentido, la superintendenta Orellana agregó: “Las cifras muestran que quienes son sancionados ya enfrentaban dificultades previas: bajo rendimiento, ausentismo, repitencia. Para que estas medidas no se conviertan en un punto de quiebre irreversible debemos fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se han desarrollado en contexto de reactivación educativa, como el programa Chile Presente de Mineduc. De esta forma, por ejemplo, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación bajó, logrando que 10 mil estudiantes, aproximadamente, se mantuvieran en el sistema”.
En cuanto a las causales, la agresión física a estudiantes es la más frecuente, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se registra un aumento en hechos de mayor connotación, como porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que refleja la complejidad de los escenarios escolares.
El análisis longitudinal confirma que estas sanciones tienen repercusiones profundas en las trayectorias educativas. A los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, frente a menos del 10% en la población general.
La superintendenta remarcó que “la transparencia de estos datos es fundamental. No buscamos alarmar, sino entregar evidencia para mejorar políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que las y los estudiantes permanezcan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Y en lo posible, prevenir casos graves que supongan una potencial expulsión, trabajando en la profundización de políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos”.
