La Corte Suprema declaró admisible el recurso de protección interpuesto por el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, en contra de la senadora Fabiola Campillai por expresiones y publicaciones que estima vulneran sus derechos constitucionales.

Según consigna el Diario Constitucional, en su recurso el teniente coronel en retiro, acusado de dejar ciego al estudiante Gustavo Gatica, expone que la senadora en un acto masivo en el centro de la comuna de Santiago se refirió a él como un “violador de derechos humanos”.

“No puede ser que un delegado de la provincia del Maipo en donde yo pertenezco le haya pagado alrededor de 40 millones de pesos a la empresa familiar que tiene Claudio Crespo. No puede ser que el gobierno le esté pagando a un violador de derechos humanos”, declaró la parlamentaria.

El recurso agrega que la senadora subió además a sus redes sociales una declaración pública en la que vuelve a calificarlo como “violador de derechos humanos” y expresa “su profundo rechazo por la contratación vía trato directo por la Delegación Presidencial Provincial de Maipo de la empresa de seguridad Full Clean S.A., propiedad de la familia de Claudio Crespo, ex-carabinero imputado por cegar a Gustavo Gatica y de manipular evidencia en este caso, que se desempeña como gerente de operaciones en esa empresa”.

“Consideramos inaceptable que una institución gubernamental tenga tratos contractuales con empresas vinculadas a personas imputadas en causas de violaciones a los Derechos Humanos. Más aún, cuando estas tienen relación con materias de seguridad”, añadió la senadora.

El recurso consigna que la senadora también facilitó un formulario público de contacto para que cualquier persona, natural o jurídica pueda adscribir a la declaración, “a lo que han seguido presiones ejercidas a altas autoridades de Gobierno, tendientes a perseguirme laboralmente, a atacar mi presencia laboral en la referida empresa, al punto que días después de la declaración escrita, el Presidente de la República solicitó la renuncia al delegado provincial del Maipo, como lo informó la página de Radio Bío Bío con el siguiente titular: ‘Renuncia delegado presidencial de Maipo tras polémica con Campillai por empresa de Crespo”.

El recurso puntualiza que la empresa no le pertenece y que numerosos medios de comunicación se hicieron eco de esa errónea información, “lo que ha desencadenado una serie de mensajes de correo electrónico, ofensivos y amenazantes, donde se leen amenazas a su integridad física, a sus hijos y esposa, generándole un daño moral inconmensurable, por lo que ha debido comenzar un tratamiento psiquiátrico farmacológico a causa de ataques de ansiedad, insomnio, y temor permanente por la seguridad de su familia, provocándole un menor rendimiento en su empleo, ausentismo, y preocupación permanente”.

Aclara que después de 27 años de prestar servicios en Carabineros se desempeña como empleado en la empresa Full Clean S.A., en calidad de empleado, y que su certificado de antecedentes penales se encuentra “sin anotaciones”, sin condena por delito alguno, y que solo se encuentra investigado en un proceso penal en curso en calidad de imputado como eventual responsable de lesiones graves gravísimas y en el que sostiene su total inocencia en los hechos que se le imputan.

Agrega que la senadora realiza una persecución pública antijurídica en su contra y de la empresa en la que se desempeña como empleado y para ella no existe posibilidad alguna de que sea inocente, afirma en su libelo.

Se trata, asegura Crespo, de una persecución mediática y personal que conculca su integridad psíquica, el derecho a la honra, la libertad de trabajo, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene a la senadora emitir un comunicado de disculpas públicas con expresa mención a su persona y familia, en el que reconozca que, con sus declaraciones, ha vulnerado sus derechos constitucionales, y se comprometa en lo sucesivo a no perseguirlo laboralmente.

La Corte de Apelaciones de Santiago había declarado inadmisible el recurso de protección pero el fallo fue revocada por la Corte Suprema , al considerar que, “del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”.