El Tribunal Constitucional (TC) acogió este miércoles a trámite el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado el 20 de julio por el Senado por la llamada Comisión contra la Desinformación.

Mediante un comunicado, el TC indicó que “hoy miércoles 2 de agosto de 2023, se resolvió admitir a tramitación el requerimiento deducido el día 20 de julio de 2023 por el H. Senado de la República respecto del Decreto Supremo N°12; del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que ‘Crea Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación’, de 20 de junio de 2023”.

Lo anterior, “con el voto en contra de la presidenta, ministra Sra. Nancy Yáñez; y el voto por admitirlo a tramitación de los ministros Sres. Letelier, Pozo y Vásquez, Sra. Silva, Sr. Fernández, Sra. Marzi y Sr. Núñez“, añadió el organismo.

Se trata del paso inicial para iniciar el proceso de admisibilidad, que podría demorar un par de semanas.

En ese sentido, el TC tiene cinco días para emitir una cuenta de admisibilidad y determinar si hay fundamentos políticos y constitucionales para fallar sobre la pertinencia de haber creado una Comisión contra la Desinformación.

Posteriormente, el organismo tiene 10 días para trasladar el expediente al Ejecutivo, donde el Consejo de Defensa del Estado puede presentar sus argumentos a favor o en contra de la Comisión. Después, el TC debe agendar una vista de causa, donde los abogados de ambas partes podrán exponer sus razones ante el pleno del tribunal.

Se estima que la vista de causa no se realizaría antes de la semana del 14 de agosto, y que podría ser en la semana del 21. Una vez efectuada, el TC tendrá un plazo máximo de 30 días para dictar sentencia.

La Comisión contra la Desinformación fue creada por el Ejecutivo en junio pasado, con el objetivo de “prevenir y combatir las campañas de desinformación que afecten al interés nacional, la democracia y los Derechos Humanos“.

Dicha Comisión está integrada por representantes de los ministerios del Interior; Relaciones Exteriores; Defensa; Justicia; y tiene facultades para solicitar información a los medios de comunicación y las plataformas digitales sobre sus fuentes, contenidos y financiamiento.