Doce policías murieron y cuatro resultaron heridos en un ataque con dron contra el helicóptero Black Hawk HU60 en el que viajaban, en Colombia.
La aeronave, perteneciente a la Dirección de Antinarcóticos, fue derribada por la guerrilla mientras sobrevolaba la vereda Los Toros, en el municipio de Amalfi, Antioquía. El gobernador de la región, Andrés Julián Rendón, informó que los uniformados daban protección a las unidades que erradicaban cultivos de coca en la zona.
Horas más tarde, a las 14:50 horas (local), un camión bomba estalló en Cali frente a la Base Aérea Marcos Fide Suárez. El atentado dejó seis civiles muertos —que se desplazaban en motocicleta— y 70 heridos. Las instalaciones militares no sufrieron daños y uno de los atacantes fue capturado por transeúntes.
Todo apunta a la columna Jaime Martínez de las Farc-Ep como responsable, una de las cuatro disidencias surgidas tras la desmovilización de la organización que fundó Manuel Marulanda.
En el caso de Amalfi, fuentes de inteligencia indicaron que el Frente 36 de las Farc-Ep, con presencia en la zona, primero lanzó tatucos —cilindros cargados de explosivos y metralla— contra policías que arrancaban matas de coca. Ante el ataque, se solicitó apoyo aéreo y, cuando apareció el Black Hawk, le dispararon al rotor de cola con un dron.
Aunque los ataques con drones por parte de bandas criminales son frecuentes, la legislación colombiana impide a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional emplear ese mismo tipo de arma para combatirlos. Su uso está restringido solo a labores de vigilancia.
“Extiendo mi más sentido pésame a sus familias y toda mi solidaridad a los heridos y sus seres queridos en este difícil momento. Desde nuestra Embajada, rendimos homenaje a su valentía y servicio al país, y reiteramos nuestro firme respaldo a la Fuerza Pública de Colombia en su lucha por la seguridad, la legalidad y la paz. Su sacrificio no será olvidado”, escribió el embajador estadounidense en Bogotá, John McNamara.
El presidente Gustavo Petro atribuyó la ola de atentados a la llamada Junta del narcotráfico, una supuesta organización criminal global que tendría bajo su mando a las guerrillas y al Clan del Golfo. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, general Triana, reconoció en una entrevista que no existe información que confirme la existencia de dicha Junta. Aun así, Petro insiste en presentarla como la estructura que dirige el negocio del narcotráfico, incluso responsabilizándola en algún momento del magnicidio de Miguel Uribe.
Durante un Consejo de Seguridad en Cali, Petro anunció que declarará organizaciones terroristas al Clan del Golfo, las Farc-Ep y la Nueva Marquetalia, con el fin de perseguirlas a nivel internacional. No obstante, Estados Unidos ya tenía en su lista a las dos últimas, por lo que la medida del mandatario se considera redundante.
El jefe de Estado también señaló que impulsará nuevas medidas: “profundizar unas medidas por decreto para eliminar la producción de cocaína y la dificultad de exportarla desde el litoral Pacífico”.
Cabe destacar que Petro ha manifestado que el gobierno de Nicolás Maduro no constituye el llamado cártel de los Soles, en contraste con la postura de la Casa Blanca, y además minimiza el rol de Venezuela y el Caribe como rutas de exportación de cocaína.
