Gustavo Campos, investigador Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central.
La interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna dejó la imagen poco habitual de la política exterior chilena convertida en protagonista del debate político contingente. No es un dato menor. Fue la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores enfrentó este mecanismo de fiscalización desde su incorporación al sistema político chileno.
La instancia abordó materias muy relevantes: la relación con Estados Unidos y China, los aranceles aplicados a exportaciones chilenas, las controversias con Argentina en torno al Estrecho de Magallanes, la adhesión al denominado Escudo de las Américas y otras definiciones adoptadas por la Cancillería.
Más allá de las diferencias entre Gobierno y oposición, el episodio plantea la discusión de fondo sobre ¿hasta dónde debe llegar la disputa política cuando están en juego relaciones internacionales y negociaciones todavía abiertas?
La fiscalización parlamentaria es parte esencial de una democracia. Los ministros deben responder por sus decisiones y el Congreso tiene atribuciones para exigir explicaciones. Hasta ahí institucionalidad básica para la democracia. Pero la política exterior posee una característica particular pues no solo es de interés para la audiencia nacional sino que también es insumo clave para gobiernos, inversionistas y contrapartes que negocian con Chile.
Esa criticidad obliga a actuar con responsabilidad desde ambos lados. Fiscalizar no significa renunciar al resguardo de información estratégica, así como invocar el interés nacional tampoco puede convertirse en una fórmula para evitar preguntas incómodas.
La discusión sobre los aranceles estadounidenses es un buen ejemplo. Estados Unidos impuso una sobretasa de 12,5% a exportaciones chilenas y el asunto forma parte de las conversaciones entre ambos países. En circunstancias como esta, Chile necesita capacidad negociadora, pero también claridad respecto de los criterios con que conduce sus relaciones económicas internacionales.
Algo semejante ocurre con Argentina. Las controversias surgidas en torno al Estrecho de Magallanes han demostrado que incluso entre países vecinos y socios pueden aparecer diferencias que requieren firmeza diplomática, prudencia y canales institucionales capaces de impedir que una controversia escale innecesariamente.
La interpelación, entonces, puede leerse más allá de quién preguntó mejor o quién respondió mejor. Puso sobre la mesa la necesidad de preservar una política exterior capaz de sobrevivir a la alternancia política.
Chile es una economía abierta y profundamente conectada con el mundo. Necesita relacionarse simultáneamente con Estados Unidos, China, América Latina, Europa y otras regiones, defendiendo sus intereses sin convertir sus vínculos internacionales en extensiones automáticas de las disputas domésticas.
Gobiernos y oposiciones cambian. Los intereses permanentes del país, en cambio, exigen una mirada más de largo plazo. Quizás esa sea la principal lección que deja esta inédita interpelación: en política exterior se puede discrepar, fiscalizar y debatir intensamente, pero siempre recordando que, al otro lado de la mesa, quien está siendo observado no es un partido ni un gobierno. Es Chile.
Gustavo Campos, investigador Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central.
