La abogada Josefa Ainardi, defensora de Héctor Llaitul, dialogó con Radio ADN sobre la sentencia contra el líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien fue condenado a una pena de 23 años de presidio efectivo por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, hurto de madera, usurpación violenta y atentado contra la autoridad.

La profesional llamó al pueblo de Chile a que “nosotros, como chilenos, debiésemos educarnos sobre la culturalidad mapuche, porque Héctor Llaitul es vocero histórico de la CAM, fundador de la Coordinadora Arauco Malleco, un werken, que significa que traspasa la información que se lleva a través de los trawün o reuniones que se hacen a otras comunidades o a la opinión pública”.

“No es el líder de la CAM; que los chilenos entendamos líder como werken, es otra cosa, pero desde de la cultura mapuche, werken no es ser un líder, un presidente o un jefe, como lo ha tratado hacer ver el Ministerio Público”, agregó.

Josefa Ainardi anunció que evaluarán la aplicación de la prisión preventiva y el cambio de recinto del cumplimiento de la condena. Sin embargo, más allá de toco eso, su defendido entiende este proceso “como una prisión política, que es algo como lo entendemos nosotros también. Es algo que esperaba, en el sentido en que entiende que el Estado ha perseguido siempre a activistas políticos, a activistas mapuche”.

También la abogada criticó al Gobierno por su rol, sobre todo en el último tramo del juicio.

“Aquí hubo al menos un cambio de postura en el Gobierno: recordemos que en campaña electoral, se presentaron como un Gobierno indigenista; luego llama la atención que el mismo Gobierno es el que amplía las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, que termina aprisionando a mi representado y luego condenado”, dijo.

“Ellos, siendo parte de los persecutores en el juicio, con un rol protagónico y activo, tomando en consideración que respecto a la Ley de Seguridad Interior del Estado, la única forma de iniciar esa investigación es a través de la interposición de denuncia o querella por parte del Ministerio del Interior”, explicó.

“Es decir, sin el Ministerio del Interior, difícilmente pudo haber prosperado. Por eso es que se dice por nuestra parte que aquí sí hay injerencia política indudable del Estado en general, pero del Gobierno de turno también”, agregó.

Según la abogada, en los próximos días el equipo defensor presentará un recurso de nulidad para dejar sin efecto, tanto el juicio, como la sentencia contra Llaitul. El plazo que tienen para eso es hasta el 16 de mayo.

“Desde un principio del juicio fuimos viendo ciertas cuestiones que no nos parecían adecuadas a lo que propone el debido proceso. Creemos que por ahí va a ir una causal, sin perjuicio de que también tenemos ciertas posibilidades dentro de alguna falta de fundamentación en la sentencia, entendiendo que en ella los jueces tienen la libertad de decidir por una u otra decisión, condena o absolución en base a fundamentos”.

“Y esos fundamentos tienen que estar dentro de un marco de principios de la lógica. Eso vamos a analizar: cómo llega el tribunal a la conclusión que llegó de condena, en base a las pruebas presentadas en juicio”, agregó.

Respecto a ciertas imprecisiones en el proceso y en particular en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la abogada señaló que “en todos los delitos tenemos nuestros cuestionamientos respecto a cómo el tribunal llega a esta decisión. A través de la prueba rendida, entendemos que no se verificó más allá de toda duda razonable: en el caso de hurto de madera o atentado a la autoridad, los posicionamientos que se dan respecto al geográfico, por ejemplo, son vagos e indeterminados”.

“En ese sentido, entendemos que la sentencia yerra al darle un valor probatorio al testimonio de uno de los policías que hizo estas diligencias de ubicación de antenas telefónicas, lo que nosotros sabemos que es vago e indeterminado, no solo en este juicio, sino en todo proceso penal en donde se ha utilizado este método de investigación. No puede ser un instrumento únicamente para determinar una autoría en un delito”, complementó Ainardi.

Sobre los delitos imputados a Héctor Llaitul de atentado a la autoridad, hurto de madera y usurpación, la abogada señaló que la prueba fue una ubicación geográfica, lo que consideró “vaga e imprecisa, a través de posicionamiento por antenas telefónicas; las comunicaciones telefónicas y un testigo protegido, del que también hemos cuestionado la aplicación y uso de esta figura”.

“Los otros testigos no posicionan a mi representado en el sitio del suceso; el único que lo hace respecto al delito de robo de madera y usurpación es un testigo protegido. En la Ley de Seguridad del Estado hay problemas más teóricos y dogmáticos: ni mi representado, ni esta defensa hemos negado los dichos hechos como vocero de la CAM”, explicó la defensora.

“En ese sentido, nosotros cuestionamos la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en cuanto a cómo restringe la libertad de expresión, de prensa, del derecho a la información”, finalizó.