La oposición completó la redacción de la Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y tendría previsto ingresar el documento al Congreso este jueves 12 de noviembre.
Según información a la que accedió Emol, el libelo contempla tres capítulos, donde se detallan los cuestionamientos jurídicos y constitucionales que se buscan utilizar para establecer la responsabilidad política del secretario de Estado.
Capítulo uno
De acuerdo al citado medio, el primer apartado se concentra en las reducciones de penas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. La oposición sostiene que estas decisiones habrían infringido disposiciones legales y constitucionales, además de desconocer normas destinadas a proteger los derechos de menores de edad víctimas de delitos.
Entre los fundamentos mencionados en el documento figuran el artículo 17, letra e), de la Ley 19.856 y los artículos 75 y 77 de su reglamento. También se invocan los artículos 6 y 7 de la Constitución, junto con disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley 21.430.
Capítulo dos
El segundo capítulo apunta a los beneficios concedidos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. En este punto, la oposición sostiene que las rebajas no habrían considerado exigencias derivadas del derecho internacional de los derechos humanos.
El mencionado medio indicó que, entre los criterios que debieron considerarse, está la colaboración con el esclarecimiento de los hechos y la necesidad de que las víctimas hayan sido escuchadas antes de conceder este tipo de beneficios.
Capítulo tres
El tercer capítulo introduce un cuestionamiento por una eventual falta a la probidad por parte del ministro. Todo esto, al acusar que habría faltado a la verdad, entregado información inexacta y omitido antecedentes relevantes al explicar las decisiones de su cartera.
Estas situaciones, según el libelo, se habrían producido tanto en declaraciones ante los medios de comunicación como durante sus intervenciones en el Congreso.
En este apartado se invocan el artículo 8 de la Constitución, que consagra el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, y los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
