Millonarios y anómalos gastos en los que ha incurrido el municipio de Viña del Mar, son los que tienen en tela de juicio a la alcaldesa esa ciudad, Virginia Reginato, según consta en un extenso informe de la Contraloría General de la República.
Según la revisión, la administración de la jefa comunal no transparentó dichos montos a la hora de elaborar los presupuestos de 2017 y que, incluso, hizo caso omiso de las advertencias que sus propios directores de control le realizaron sobre el real estado de las arcas municipales.
Según publica en su Twitter el ente fiscalizador de los organismos públicos, el análisis concluyó además que durante todo el periodo 2017, la casa consistorial viñamarina pagó poco más de $5.540 millones en horas extras y poco más de 7 mil millones a honorarios, lo que sumado alcanza cerca del 43% del total del gasto de personal en toda la comuna.
Asimismo, el dictamen precisa que se confirmó que el municipio adeudaba 25 facturas por $336.683.538 a cuatro proveedores, sin que estas se encuentren pendientes en los registros de la municipalidad.
Otro dato que no calza en la fiscalización es que si la municipalidad hubiera registrado su deuda al término del ejercicio presupuestario 2017, pudo haber advertido la existencia de gastos devengados superiores a los límites definidos en el presupuesto.
“El municipio destinó $ 20.260.862 en honorarios respaldados con informes que son similares entre un mes y otro, sin indicar fechas, lugares u otro antecedente que permita demostrar fehacientemente la realización de las actividades detalladas”, detalla el texto, al igual que Reginato, desembolsó $35.709.773 a la empresa PROEXSI Ltda., por el módulo Inspección Municipal “pese a que este no fue instalado”.
Todo ello fue entregado a la empresa Siglo Verde S.A., pese a que la responsabilidad de mantener y reponer las especies es de la concesionaria. Se evidenció además el pago de $64.473.910 a la empresa González y Fierro Ltda., por siete trabajadores, “sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde estos se habrían desempeñado”, sentencia el análisis.
Estas y otras conclusiones abren la puerta para que el Concejo Municipal pueda llevar este hecho al Tribunal Calificador de Elecciones, para solicitar la destitución de la alcaldesa Virginia Reginato por notable abandono de deberes.
Según la revisión, la administración de la jefa comunal no transparentó dichos montos a la hora de elaborar los presupuestos de 2017 y que, incluso, hizo caso omiso de las advertencias que sus propios directores de control le realizaron sobre el real estado de las arcas municipales.
Según publica en su Twitter el ente fiscalizador de los organismos públicos, el análisis concluyó además que durante todo el periodo 2017, la casa consistorial viñamarina pagó poco más de $5.540 millones en horas extras y poco más de 7 mil millones a honorarios, lo que sumado alcanza cerca del 43% del total del gasto de personal en toda la comuna.
Asimismo, el dictamen precisa que se confirmó que el municipio adeudaba 25 facturas por $336.683.538 a cuatro proveedores, sin que estas se encuentren pendientes en los registros de la municipalidad.
Otro dato que no calza en la fiscalización es que si la municipalidad hubiera registrado su deuda al término del ejercicio presupuestario 2017, pudo haber advertido la existencia de gastos devengados superiores a los límites definidos en el presupuesto.
“El municipio destinó $ 20.260.862 en honorarios respaldados con informes que son similares entre un mes y otro, sin indicar fechas, lugares u otro antecedente que permita demostrar fehacientemente la realización de las actividades detalladas”, detalla el texto, al igual que Reginato, desembolsó $35.709.773 a la empresa PROEXSI Ltda., por el módulo Inspección Municipal “pese a que este no fue instalado”.
RELOJ DE FLORES
Otra observación se vincula a la reparación del reloj de flores de la ciudad. Se comprobó que la entidad edilicia cedió 887 plantas, costeó $22.435.363 para ornamentación y retiro de escombros; y compró $2.691.780 en 3.200 especies florales.Todo ello fue entregado a la empresa Siglo Verde S.A., pese a que la responsabilidad de mantener y reponer las especies es de la concesionaria. Se evidenció además el pago de $64.473.910 a la empresa González y Fierro Ltda., por siete trabajadores, “sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde estos se habrían desempeñado”, sentencia el análisis.
Estas y otras conclusiones abren la puerta para que el Concejo Municipal pueda llevar este hecho al Tribunal Calificador de Elecciones, para solicitar la destitución de la alcaldesa Virginia Reginato por notable abandono de deberes.
