La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aseguró que el municipio ha aplicados todas las normas que se encuentran vigentes para enfrentar los últimos casos de violencia ocurridos en emblemáticos establecimientos escolares de la comuna.

Esto luego, que los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper y Hugo Rey, los concejales Juan Mena y Santiago Mekis y la Agrupación Santiago Seguro presentaron este lunes un requerimiento ante la Contraloría General de la República en contra de la autoridad comunal, quien es acusada de no hacer uso de la Ley Aula Segura.

Ante esta acusación, Hassler respondió que “en el municipio de Santiago se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra hace muchos años y de hecho se arrastra específicamente de la gestión que tuvieron personas del mismo partido que hoy día presentan esta acusación en Contraloría”, refiriéndose al exalcalde Felipe Alessandri.

Aseguró que estaba siendo acusada en Contraloría por “el mismo partido que no se hizo cargo del problema” de convivencia escolar en los liceos de Santiago.

Agregó que “quiero ser muy clara en señalar que se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar y los procesos que contiene la normativa y que se hacen a través de los directores”.

“Hay 577 procedimientos que se han abierto este año a propósito de hechos de faltas gravísimas en comunidades educativas de la comuna de Santiago. Esos procedimientos han derivado, gran parte de ellos, en sanciones, algunas incluso de expulsión, otras de cancelación de matrícula y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia al interior de las comunidades”, detalló.

La alcaldesa expresó que “junto con los procesos sancionatorios, también estamos trabajando los temas de fondo, en poder recomponer relaciones”.

Ante las acusaciones de Gonzalo Saavedra, exrector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), quien la semana pasada acusó a Hassler de no utilizar la Ley Aula Segura, la autoridad lamentó dichas palabras “porque no hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente y no solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta de más de 570 procesos disciplinarios”.

Añadió que “particularmente aquellos que revisten calidad de delitos requieren también de ser sancionados en la justicia. Por eso en aquellos casos que se ha afectado directamente a nuestra comunidad, hemos tomado las acciones legales también y esperamos que la investigación pueda determinar a personas que sean responsables, como también la delegación presidencial ha tomado las acciones legales en aquellos casos que son en la vía pública”.

Schalper, uno de los parlamentarios que presentó el escrito en la Contraloría, subrayó que “esperamos que la alcaldesa entienda que lo único que le estamos pidiendo es algo elemental, que cumpla la ley”.

“Hassler tiene que responderle al país. A ella puede no parecerle, pero la ley obviamente es vinculante. ¿Qué puede acarrear esto? Si el contralor constata que aquí hay una inejecución de la ley, nosotros tenemos la convicción que los concejales podrían, eventualmente, promover en el Tribunal Electoral una causal por notable abandono de deberes y eso traducirse en su destitución”.