“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte”, sentenció mediante una declaración pública la delegada del organismo multilateral.
Destacó asimismo que es imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente sobre el deceso del retirado uniformado, quien fue detenido el 21 de junio por hombres armados que no se identificaron y no se supo de su paradero durante siete días.
Dado que su familia y sus abogados no fueron informados de dónde lo mantenían cautivo, a pesar de repetidas solicitudes, su caso también puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional.
El 28 de junio, fue llevado ante un tribunal militar por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto a otros cuatro militares y dos exfuncionarios de seguridad acusados de confabularse para asesinar al presidente, Nicolás Maduro Moros.
Al respecto Bachelet dijo en su nota que les “recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, instando al régimen socialista a llevar a cabo una profunda investigación, -que incluya una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente.
“Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte”, añadió la alta comisionada que visitó Venezuela la semana antepasada para reunirse con todos los sectores de la sociedad y del gobierno.
Si bien la alta comisionada aplaudió la rápida acción de la Oficina del Fiscal General de Venezuela de abrir una investigación sobre la muerte del capitán Acosta Arévalo, y señaló que dos miembros de la DGCIM (servicio de inteligencia) han sido procesados por asesinato en primer grado, lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos.
“También llamo a las autoridades venezolanas para que permitan a los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, que se aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad, y que eviten que sufran torturas y otras formas de maltrato”, afirmó Bachelet.
Asimismo, la ex mandataria chilena dijo que “se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, concluyó.
Según el abogado del fallecido capitán de corbeta, éste fue presentado ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado y éste lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio.
A pesar de numerosos requerimientos, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso a su cuerpo.
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